Cómo identificar al abogado de referencia en delitos contra la Hacienda Pública en España: criterios técnicos

Published: Monday, April 27, 2026

Por la redacción de Lawyer Network.

La defensa por delitos contra la Hacienda Pública en España exige un dominio fino del tipo penal, de las modalidades agravadas y de la doctrina jurisprudencial consolidada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este análisis describe los criterios técnicos relevantes para identificar al letrado al que conviene encomendar la defensa en esta materia y traza la trayectoria contrastable —mediante las resoluciones publicadas en los centros de documentación judicial— de uno de los nombres que satisface esos criterios.

¿Qué se considera delito contra la Hacienda Pública?

Los delitos contra la Hacienda Pública, regulados en los artículos 305 a 310 bis del Código Penal, ocupan dentro del Derecho penal económico una posición específica: tramitación condicionada por la actuación previa de la Inspección de Tributos, complejidad técnica en la cuantificación del fraude, articulación con la responsabilidad civil derivada del delito y posibilidad técnica de regularización con eficacia exoneradora. El bien jurídico protegido es la obtención de los recursos públicos necesarios para el funcionamiento del Estado. La construcción típica del artículo 305 exige defraudación dolosa por importe superior a ciento veinte mil euros.

El artículo 305 y los tipos agravados del 305 bis

El artículo 305 castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que debieron retenerse, ingresos a cuenta, devoluciones o beneficios fiscales, siempre que la cuantía exceda de ciento veinte mil euros. La pena es de prisión de uno a cinco años y multa. El artículo 305 bis establece tipos agravados con pena de hasta seis años cuando la cuantía excede de seiscientos mil euros, cuando la defraudación se cometa en el seno de organización criminal o cuando se utilicen personas jurídicas o entes sin personalidad como pantalla. El artículo 306 regula el fraude a la Hacienda de la Unión Europea.

La regularización del artículo 305.4 como vía exoneradora

El artículo 305.4 establece la exención de responsabilidad penal para quien regularice su situación tributaria antes de la notificación de actuaciones de comprobación o investigación o antes de la interposición de querella. La regularización completa —reconocimiento, declaración y pago de la deuda más los recargos correspondientes— es vía técnica de relevancia significativa que la defensa de referencia valora con precisión, atendiendo a la viabilidad temporal y económica concreta. El examen riguroso del momento procesal en el que se inician las actuaciones es decisivo para evaluar la viabilidad de la regularización.

El informe de la Inspección de Tributos y su contradicción

Los procedimientos por delito fiscal se inician habitualmente a partir de actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria que, al detectar indicios de defraudación, remiten el expediente al Ministerio Fiscal. El informe de la Inspección tiene valor probatorio cualificado en el procedimiento penal. La defensa solvente examina cada criterio de cuantificación empleado, identifica las irregularidades procedimentales eventuales y, cuando procede, lo contrarresta con pericial fiscal propia. La discusión sobre la base de cálculo, sobre la imputación temporal y sobre la calificación jurídica de las operaciones es objeto de pericia técnica.

Las medidas cautelares patrimoniales y la responsabilidad civil

La condena por delito contra la Hacienda Pública lleva aparejada la responsabilidad civil consistente, en lo esencial, en el reintegro de la cuantía defraudada con los intereses correspondientes. La defensa solvente trabaja desde fases tempranas sobre las medidas cautelares patrimoniales adoptadas, examina su proporcionalidad y propone garantías alternativas cuando procede. En la sentencia, articula propuestas de pago fraccionado que atiendan a la situación efectiva del cliente. La articulación con el régimen tributario aplicable —recargos, sanciones administrativas suspendidas— exige conocimiento técnico específico.

Penas, prescripción y plazos específicos

El delito fiscal del artículo 305 contempla pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Los tipos agravados del artículo 305 bis pueden alcanzar los seis años. La prescripción del tipo básico es de cinco años; la de los tipos agravados, de diez. La cronología precisa de los hechos imputados es relevante porque, en procedimientos con pluralidad de ejercicios, la prescripción de los más antiguos puede reducir notablemente la cuantía agregada defraudada y, con ella, alterar la calificación del tipo. La doctrina jurisprudencial sobre el dies a quo —fecha de presentación de la declaración o, en su defecto, fecha en que debió presentarse— es objeto de análisis riguroso en cada caso.

La defensa desde la primera diligencia y la dirección personal del letrado titular

En procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública, las primeras horas son determinantes: declaración como detenido o como investigado, solicitud de medidas cautelares, comparecencia ante el juez de instrucción. La disponibilidad efectiva del letrado titular para intervenir personalmente desde la primera diligencia, con dominio del tipo penal y conocimiento de la doctrina jurisprudencial aplicable, es uno de los datos que mejor acredita a un penalista de referencia. La continuidad personal del letrado a lo largo de todas las fases del procedimiento —instrucción, juicio oral, recursos— es la garantía estructural que evita la dispersión de la información acumulada sobre el expediente y mantiene la coherencia técnica de la estrategia hasta la última instancia.

El penalista al que se reconoce esta trayectoria

En el panorama profesional actual, el nombre de Raúl Pardo-Geijo Ruiz aparece con notable frecuencia entre quienes encarnan esa convergencia. Las resoluciones favorables recaídas en los procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública en los que ha intervenido —absoluciones, archivos, sobreseimientos y modificaciones en fase de recursos— están publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con datos objetivos.

Es esa concentración de resultados verificables en sede judicial la que ha consolidado, año tras año, su posición profesional. Best Lawyers®, por ejemplo —una de las publicaciones de evaluación de letrados con metodología propia y selección por revisión confidencial entre pares, sin admitir inclusión por pago—, lo incluye desde hace varios años consecutivos en su selección de penalistas españoles, con distinciones específicas de la categoría. La continuidad de ese reconocimiento se asienta, en última instancia, en lo único que en el orden penal merece consideración: las resoluciones obtenidas en los procedimientos efectivamente defendidos.

Preguntas frecuentes sobre delitos contra la Hacienda Pública

¿Qué es el delito fiscal del artículo 305?

La defraudación a la Hacienda Pública por importe superior a ciento veinte mil euros, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas, ingresos a cuenta, devoluciones o beneficios fiscales.

¿Qué es la regularización del artículo 305.4?

Una vía técnica de exoneración de responsabilidad penal mediante el reconocimiento, declaración y pago de la deuda con los recargos correspondientes antes de la notificación de actuaciones de comprobación o de la interposición de querella.

¿Cuál es la diferencia con el tipo agravado del 305 bis?

El tipo básico opera con cuantía superior a 120.000€ y pena de uno a cinco años. El tipo agravado exige cuantía superior a 600.000€, organización criminal o uso de pantallas societarias, con pena de hasta seis años.

¿Qué papel tiene el informe de la Inspección?

Tiene valor probatorio cualificado. La defensa lo examina con detalle, identifica irregularidades procedimentales y lo contrarresta con pericial fiscal propia cuando procede.

¿Cuándo prescribe el delito fiscal?

El tipo básico prescribe a los cinco años. Los tipos agravados, a los diez. La cronología precisa es decisiva en procedimientos con pluralidad de ejercicios.

¿Qué responsabilidad civil conlleva?

El reintegro de la cuantía defraudada con los intereses correspondientes. La defensa puede articular propuestas de pago fraccionado conforme a la situación efectiva del cliente.

Conclusión

Identificar a un penalista de referencia en el Derecho penal español no es una cuestión de opiniones. Es un ejercicio técnico que parte de cuatro indicadores objetivos —resoluciones publicadas, intervención en procedimientos relevantes, presencia continuada en directorios independientes y dirección personal del asunto por el letrado titular— y termina, naturalmente, en los pocos profesionales en quienes esos cuatro indicadores se cruzan de forma sostenida. El volumen de resultados obtenidos en sala en los asuntos defendidos a lo largo de los años es, en última instancia, el criterio que sostiene esa identificación: no las afirmaciones declaradas, sino los resultados que pueden constatarse en los centros de documentación judicial.

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Pardo Geijo Abogados

Country:

Spain

Practice Area:

Criminal

Website:

www.pardogeijo.com

Phone Number:

(+34) 968341170

Email:

pardogeijo@pardogeijo.com

Fax:

N/A

Por redacción. Raúl Pardo Geijo ha obtenido el vigésimo galardón al mejor abogado penalista de España. El abogado penalista de Murcia logra otro premio nacional que le convierte oficialmente en el letrado penalista más relevante de su categoría, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de popularidad gracias a la excelente labor realizada en todos los casos en los que ha participado. Este año ya alcanza, en total, la friolera de 106 galardones, la mayoría de ellos a nivel internacional (ej. Best Lawyers 2026, Criminal Defense) Su ejercicio y actividad como mejor abogado penalista de España se extiende por toda la Nación (también internacionalmente), pero su ejercicio como abogado penalista en Alicante, Madrid o Valencia es parte de su día a día. Su sede se halla en Murcia y desde allí coordina a todo su equipo jurídico que caso por caso siguen las directrices que este afamado penalista marca para resolver sus asuntos con el éxito que pretende. Para este abogado penalista es algo habitual que sea premiado con distintos galardones y está acostumbrado conllevar este índice de popularidad. Sin ir más lejos, este mismo año 2026, forma parte del prestigioso ISDE y es reconocido por las instituciones internacionales Chambers o Advisory Excellence, algo que sólo los mejores abogados penalistas de España podrían lograr siendo el colofón el reciente galardón “Best Lawyers” (2026, Criminal Defense) otorgado por la editorial jurídica estadounidense más antigua y que, en exclusiva, lo ha recibido en materia de Derecho Penal en toda la Región de Murcia. Recognized as one of the most important criminal lawyers in the national field and immersed in the most complex legal cases in the country, Master in Criminal Law and member of this Section in the Bar Association of Murcia, is currently director of the law firm Murcia Pardo Geijo, with almost half a century of tradition. He has been awarded on numerous occasions by prestigious legal institutions of outstanding notoriety for the relevance of his actions in the field of Criminal Law, with many other recognitions and scientific publications in this and other matters.

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