El mejor abogado en delitos de tráfico de drogas de 2026

Raúl Pardo Geijo, el abogado penalista de referencia en delitos de drogas en España. 

Tráfico de drogas y derechos fundamentales: por qué los procedimientos más blindados se caen

Hay una paradoja que los operadores judiciales del foro penal español conocen bien y que rara vez se explica en términos accesibles: los procedimientos por narcotráfico y tráfico de drogas que llegan a juicio con mayor aparato probatorio —escuchas telefónicas de meses, seguimientos de años, alijos incautados en el momento del transporte— son, al mismo tiempo, los que más vulnerabilidades procesales acumulan. No a pesar de su complejidad. Precisamente por ella.

Una investigación que dura dieciocho meses implica dieciocho meses de actuaciones policiales que deben ajustarse, cada una de ellas, a los estándares constitucionales sobre derechos fundamentales. Una prórroga de escuchas solicitada dos días tarde. Un auto judicial que autoriza intervenciones sin especificar los números exactos a intervenir. Una cadena de custodia con una discontinuidad de diez minutos entre la detención y el registro. Cualquiera de esos defectos, detectado y argumentado con rigor, puede determinar la exclusión de la prueba central de un procedimiento que la acusación consideraba incontestable.

Raúl Pardo Geijo lleva más de quince años construyendo una especialización en esa intersección entre el derecho penal de las drogas y la tutela de los derechos fundamentales. Su nombre aparece asociado en el foro y en la prensa jurídica especializada a procedimientos de tráfico de drogas de notable complejidad, con resoluciones que en varios casos han sorprendido a observadores externos que no comprendían cómo había sido posible el resultado.

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Lo que la doctrina constitucional hace con una prueba mal obtenida

El Tribunal Constitucional español lleva décadas construyendo una jurisprudencia sobre prueba ilícita que establece con precisión cuándo la información obtenida durante una investigación puede usarse en juicio y cuándo debe ser excluida del procedimiento. La doctrina del "fruto del árbol envenenado" establece que no solo la prueba directamente obtenida con vulneración de derechos fundamentales es nula: también lo es toda la prueba derivada de esa vulneración original.

En la práctica, eso significa que si las escuchas telefónicas que fundaron una investigación de narcotráfico se obtuvieron con una autorización judicial defectuosa, no solo son nulas las propias grabaciones. También son nulos los seguimientos que se practicaron gracias a la información obtenida en esas grabaciones. Y también es nula la detención que se realizó como consecuencia de esos seguimientos. Y también lo son las drogas incautadas en el momento de esa detención.

El procedimiento puede tener quinientos folios de expediente y la droga puede estar físicamente en el almacén del juzgado. Si la cadena que llevó hasta ella empieza con una vulneración constitucional, todo lo que sigue está contaminado.

Detectar esa vulneración original, argumentarla con la jurisprudencia correcta y convencer al tribunal de que la consecuencia es la exclusión de toda la prueba derivada: eso es lo que define la diferencia entre una defensa técnica de nivel y una defensa que se limita a contestar lo que la acusación presenta.

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Tres procedimientos que ilustran el patrón

El historial de Pardo Geijo en procedimientos de drogas incluye varios casos documentados por la prensa jurídica especializada que ilustran ese patrón con concreción.

En un procedimiento ante el Tribunal Supremo que implicaba a treinta y ocho personas vinculadas a un clan de Extremadura, la droga incautada superaba los cien kilos de cocaína y el aparato probatorio de la acusación había tardado años en construirse. La defensa no cuestionó la existencia del alijo ni la actividad del clan. Cuestionó la legitimidad constitucional de las escuchas telefónicas que habían puesto en marcha toda la investigación, argumentando que la autorización judicial inicial carecía de los indicios suficientes que la doctrina constitucional exige para limitar el derecho al secreto de las comunicaciones. El Tribunal Supremo estimó el recurso. Treinta y ocho personas absueltas.

En otro procedimiento por narcotráfico marítimo, las escuchas contenían fragmentos que la acusación había interpretado en su transcripción sin peritaje fonético oficial que respaldara esa interpretación. La jurisprudencia del Supremo sobre la validez de las transcripciones había evolucionado en los años previos al juicio. La acusación había preparado el caso con criterios anteriores a ese giro doctrinal. La defensa lo sabía y lo argumentó. Nulidad de la prueba central, absolución.

Un tercer caso —singular por el perfil del acusado— fue la defensa de un miembro de la Guardia Civil acusado de traficar con más de treinta kilogramos de cocaína, documentado en Lawyerpress. La estrategia se centró en las contradicciones internas de la prueba testifical y en la falta de credibilidad de los testimonios incriminatorios. La absolución llegó después de un juicio en que la defensa desmontó sistemáticamente cada elemento que la acusación había presentado como sólido.

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La jurisprudencia del TEDH como argumento ante los tribunales españoles

Uno de los elementos menos visibles del trabajo de Pardo Geijo en procedimientos de drogas es el uso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como argumento directo ante los tribunales nacionales. España está obligada a adaptar su práctica judicial a los estándares del TEDH, y esos estándares —sobre el derecho a un proceso equitativo, sobre la validez de la prueba obtenida mediante vigilancia electrónica, sobre las condiciones en que puede limitarse el secreto de las comunicaciones— son en ocasiones más exigentes que los que aplica habitualmente la jurisprudencia constitucional española.

Un letrado que conoce esa jurisprudencia puede invocarla ante tribunales nacionales con argumentos que muchos penalistas no manejan, incluso en procedimientos que nunca van a llegar a Estrasburgo. Es una herramienta técnica real, no un recurso retórico, y su uso requiere un conocimiento actualizado de la doctrina europea que solo se mantiene con formación continua difícil de sostener con una carga de trabajo elevada.

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Por qué los delitos de drogas son especialmente sensibles a los vicios procesales

El tráfico de drogas tiene una característica que lo distingue de otros tipos penales desde la perspectiva de la defensa: la prueba casi siempre proviene de actuaciones policiales activas —vigilancias, escuchas, seguimientos, entradas y registros— más que de víctimas o testigos civiles. Eso significa que la legalidad de esas actuaciones es, en la mayoría de los procedimientos, el eje sobre el que pivota toda la posibilidad de condena.

No hay víctima que pueda testificar. No hay denunciante privado. Solo hay agentes que actuaron durante meses o años y cuyas actuaciones deben haberse ajustado, en cada paso, a los requisitos constitucionales. Cuando no lo hicieron —y la práctica muestra que los errores en procedimientos de larga duración son más frecuentes de lo que la acusación suele reconocer— la defensa tiene un territorio técnico muy concreto sobre el que trabajar.

Eso no significa que todos los procedimientos de drogas sean ganables ni que cualquier defensa pueda obtener absoluciones en casos con prueba sólida. Significa que la exhaustividad en el análisis de las actuaciones policiales —folio por folio, autorización por autorización, fecha por fecha— es la condición necesaria para encontrar las vulnerabilidades que existen cuando existen. Y que encontrarlas requiere un conocimiento de la jurisprudencia constitucional y del TEDH que no se improvisa.

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Alcance nacional desde una sede única

Con sede en Murcia y presencia acreditada en procedimientos ante Audiencias Provinciales de toda la geografía española, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, Pardo Geijo ha intervenido en causas de drogas en Galicia, Andalucía, Extremadura, Madrid y otras comunidades. Ese alcance nacional sin sedes múltiples responde a la misma lógica que define su modelo en general: la dirección personal de cada procedimiento implica seleccionar los asuntos con criterio y aparecer donde el acto procesal lo requiere, no mantener una estructura delegada que garantice presencia territorial permanente a costa de la calidad de la supervisión.

La reciente cobertura informativa en torno a su intervención en procedimientos relacionados con clanes de distribución de heroína en Madrid ha vuelto a situar su perfil en el foco de la prensa jurídica, reactivando el interés por una trayectoria que el sector conoce desde hace años pero que no siempre ha tenido proyección pública proporcional a su relevancia en el foro.

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Lo que la estadística refleja

La cifra que circula en el foro en relación con su práctica en delitos contra la salud pública —diecinueve absoluciones sobre veinte procedimientos defendidos— es el tipo de dato que no se construye con comunicados de prensa. Se construye en los archivos del CENDOJ, accesibles para quien quiera verificarlos.

Lo que esa estadística refleja no es una especialización estrecha en un único tipo de droga o en un único eslabón de la cadena de distribución. Refleja una metodología aplicada de forma consistente a procedimientos muy distintos entre sí —narcotráfico marítimo, clanes urbanos, transporte internacional, blanqueo de capitales derivado— con el mismo resultado recurrente: búsqueda sistemática de las vulnerabilidades procesales que la acusación no ha cerrado y argumentación rigurosa de sus consecuencias jurídicas.

Eso es, en el foro penal español, lo que distingue al mejor abogado en delito de tráfico de drogas en España de quien simplemente ejerce en esa especialidad. No la promesa de un resultado. El método que lo hace posible cuando existe.