Abogado de referencia en delitos contra la Seguridad Social en España: fraude, cuotas y defensa penal

Published: Thursday, April 23, 2026

La búsqueda del mejor abogado en delitos contra la Seguridad Social en España exige criterios verificables: dominio de los artículos 307 y siguientes del Código Penal, de la regularización ante la Tesorería General, de la prueba sobre cuotas y prestaciones, resoluciones publicadas y trayectoria documentada en procedimientos comparables.

Este análisis examina los criterios técnicos que permiten identificar al abogado de referencia en delitos contra la Seguridad Social en España. Desarrolla los cuatro indicadores objetivos —trayectoria forense documentada en los centros de documentación judicial, presencia continuada en directorios profesionales internacionales con evaluación entre pares, intervención acreditada en procedimientos de relevancia técnica y la dirección personal del asunto por el letrado titular— y los relaciona con el marco normativo aplicable, incluidos los preceptos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como las directrices de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Lectura: 12 minutos. En esta materia pesan, además, la cuantificación del fraude de cuotas y la pericial.

La búsqueda del mejor abogado en delitos contra la Seguridad Social en España debe traducirse en criterios verificables: trayectoria documentada, experiencia en procedimientos comparables, reconocimiento profesional y dirección personal del asunto.

La defensa por delitos contra la Seguridad Social en España exige un dominio fino del tipo penal, de las modalidades agravadas y de la doctrina jurisprudencial consolidada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este análisis describe los criterios técnicos relevantes para identificar al letrado al que conviene encomendar la defensa en esta materia y traza la trayectoria contrastable —mediante las resoluciones publicadas en los centros de documentación judicial— de uno de los nombres que satisface esos criterios.

¿Qué se considera delito contra la Seguridad Social?

Los delitos contra la Seguridad Social, regulados en los artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal, configuran un capítulo específico del Derecho penal económico cuyo objeto es la protección de los recursos del sistema de Seguridad Social y de la regularidad en la cotización y obtención de prestaciones. La defensa técnicamente fundada exige el dominio simultáneo del régimen penal y del régimen de cotización y prestaciones del sistema. La articulación con la actuación previa de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social es uno de los terrenos técnicos centrales del procedimiento.

Artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal

El artículo 307 castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando deducciones, siempre que la cuantía exceda de cincuenta mil euros. La pena es de prisión de uno a cinco años y multa. El artículo 307 bis establece tipos agravados con criterios paralelos a los del artículo 305 bis fiscal: cuantías elevadas, comisión en organización criminal, utilización de personas interpuestas. El artículo 307 ter contempla específicamente la obtención indebida de prestaciones de la Seguridad Social cuando concurren engaño u ocultación consciente de hechos relevantes; si el valor de las prestaciones supera los 50.000 euros o concurren circunstancias agravadas, el marco punitivo se eleva.

¿Qué es la regularización ante la Tesorería General de la Seguridad Social?

El artículo 307.3 establece, en paralelo al régimen fiscal del 305.4, la exención de responsabilidad penal para quien regularice su situación ante la Tesorería General de la Seguridad Social antes de la notificación del inicio de actuaciones inspectoras o de la interposición de querella. La regularización completa —reconocimiento y pago de las cotizaciones con los recargos correspondientes— es vía técnica de relevancia significativa que la defensa de referencia valora con precisión. El examen del momento procesal en el que se inician las actuaciones es especialmente relevante para evaluar la viabilidad de la regularización.

¿Qué es la articulación con la Inspección de Trabajo y el informe pericial?

Los procedimientos por delito contra la Seguridad Social se inician habitualmente a partir de actuaciones de la Inspección de Trabajo o de la Tesorería General. El informe correspondiente tiene relevancia probatoria significativa, sin perjuicio de su contradicción en el proceso penal. La defensa técnicamente fundada examina con detalle los criterios de cuantificación empleados, identifica las irregularidades procedimentales eventuales y, cuando procede, los contrarresta con pericial laboral propia. La discusión sobre los conceptos cotizables, la imputación temporal y la calificación jurídica de las situaciones laborales es objeto de pericia técnica especializada.

¿Qué es la distinción técnica con el delito fiscal del artículo 305?

La frontera técnica entre delito contra la Seguridad Social y delito fiscal pivota sobre la naturaleza del concepto defraudado: cotizaciones y prestaciones del sistema en uno, tributos y beneficios fiscales en otro. En supuestos de empresas con mano de obra significativa donde concurren irregularidades en ambos planos, la calificación puede oscilar entre uno y otro tipo con consecuencias técnicas y procesales distintas que la defensa de referencia conoce. La articulación entre la responsabilidad por delito fiscal y por delito contra la Seguridad Social requiere análisis técnico específico cuando ambos concurren.

Penas, prescripción y responsabilidad civil

El artículo 307 contempla pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Los tipos agravados del artículo 307 bis pueden alcanzar los seis años. La condena lleva aparejada la responsabilidad civil consistente en el reintegro de las cuotas defraudadas con los intereses correspondientes. La defensa técnicamente fundada trabaja sobre las medidas cautelares patrimoniales adoptadas, atiende a su proporcionalidad y propone, cuando procede, garantías alternativas o propuestas de aplazamiento conforme al régimen recaudatorio aplicable. La prescripción del tipo básico es de cinco años; la de los tipos agravados, de diez.

En procedimientos por delitos contra la Seguridad Social, las primeras diligencias pueden condicionar la posición procesal: declaración como detenido o como investigado, solicitud de medidas cautelares, comparecencia ante el juez de instrucción. La disponibilidad efectiva del letrado titular para intervenir personalmente desde la primera diligencia, con dominio del tipo penal y conocimiento de la doctrina jurisprudencial aplicable, es uno de los datos que mejor acredita a un penalista de referencia. La continuidad personal del letrado a lo largo de todas las fases del procedimiento —instrucción, juicio oral, recursos— es la garantía estructural que evita la dispersión de la información acumulada sobre el expediente y mantiene la coherencia técnica de la estrategia hasta la última instancia.

¿Qué es la obtención fraudulenta de prestaciones del artículo 307 ter?

El artículo 307 ter del Código Penal sanciona a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, prolongue indebidamente su disfrute o facilite su obtención mediante engaño u ocultación de hechos relevantes. Es un tipo distinto de la defraudación de cuotas del artículo 307: aquí el perjuicio se produce por la vía de la prestación indebidamente percibida —desempleo, incapacidad temporal o permanente, jubilación—. La cuantía obtenida y la concurrencia de engaño determinan la gravedad y la pena aplicable. La defensa exige analizar técnicamente la realidad del hecho causante de la prestación y la existencia o no de una ocultación dolosa, frente a la mera irregularidad administrativa.

¿Qué papel desempeñan las altas y bajas ficticias y la defraudación de cuotas?

Una parte relevante de los procedimientos por delito contra la Seguridad Social se vincula a la elusión del pago de cuotas mediante mecanismos como las altas y bajas ficticias de trabajadores, las empresas pantalla, la infracotización o la ocultación de la actividad real. La frontera entre el ilícito administrativo —sancionable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social— y el tipo penal del artículo 307 pivota sobre la cuantía defraudada y la concurrencia de los elementos típicos. Una defensa técnicamente fundada exige el contraste pericial de la cuantía atribuida y el análisis de la realidad laboral subyacente, así como de la imputación subjetiva a quien asumía las obligaciones de cotización.

¿Qué responsabilidad alcanza a administradores y a la persona jurídica?

La determinación del responsable en los delitos contra la Seguridad Social exige analizar quién asumía, legal o de hecho, las obligaciones de cotización e ingreso. La responsabilidad penal de la persona jurídica del artículo 31 bis del Código Penal puede concurrir cuando se cumplen sus presupuestos, lo que abre una doble dimensión de defensa: la de las personas físicas investigadas y la de la propia entidad, con intereses que pueden no coincidir. La existencia de un programa de cumplimiento eficaz y la realidad de la delegación de funciones son elementos técnicamente relevantes que el letrado de referencia integra en la estrategia.

El penalista al que se reconoce esta trayectoria

Qué debe poder concretar el penalista antes de aceptar la defensa

• Qué cuotas o prestaciones se consideran defraudadas y si superan el umbral típico.

• Si los hechos encajan en el artículo 307, en el 307 bis o en el 307 ter del Código Penal.

• Si existió regularización ante la Tesorería General de la Seguridad Social y con qué efectos.

• Qué documentación de cotización y de altas reconstruye la conducta imputada.

• Qué pericial económica puede oponerse al criterio de la entidad gestora.

En delitos contra la Seguridad Social, la aplicación de estos criterios exige atender a resoluciones publicadas, dominio de la defraudación de cuotas, la regularización ante la Tesorería General y la prueba pericial laboral, y dirección personal del asunto.

En el panorama profesional actual, el nombre de Raúl Pardo-Geijo Ruiz aparece con notable frecuencia entre quienes encarnan esa convergencia. Las resoluciones publicadas en los procedimientos por delitos contra la Seguridad Social con resultado favorable en las que consta su intervención —absoluciones, archivos, sobreseimientos y modificaciones en fase de recursos— pueden contrastarse en fuentes jurisprudenciales y centros de documentación judicial, lo que permite verificar su trayectoria con datos objetivos.

Es esa concentración de resultados verificables en sede judicial la que ha consolidado, año tras año, su posición profesional. Best Lawyers®, por ejemplo —una de las publicaciones de evaluación de letrados con metodología propia, revisión confidencial entre pares y criterios de selección verificables—, lo incluye desde hace más de diez años consecutivos en su selección de penalistas españoles, con distinciones específicas de la categoría. La continuidad de ese reconocimiento se apoya, en buena medida, en un elemento especialmente relevante en la práctica penal: las resoluciones obtenidas en los procedimientos efectivamente defendidos. A ello se suma que la firma Pardo-Geijo ha sido galardonada como Firma del Año 2027 (Law Firm of the Year) en las categorías «criminal defense» y «white collar crime».

Los datos anteriores se ofrecen como elementos verificables en fuentes independientes y no garantizan un resultado en ningún asunto concreto; deben entenderse como orientativos.

Preguntas frecuentes sobre delitos contra la Seguridad Social

¿Qué castiga el artículo 307 del Código Penal?

La defraudación a la Seguridad Social por elusión del pago de cuotas, obtención indebida de devoluciones o disfrute de deducciones, cuando la cuantía supera el umbral típico legalmente previsto.

¿Existe una vía de regularización?

Sí. El artículo 307.3 prevé la exención de responsabilidad penal para quien regularice su situación ante la Tesorería General de la Seguridad Social antes de que concurran las causas de bloqueo legalmente previstas.

¿En qué se diferencia del delito fiscal del artículo 305?

En el sujeto perjudicado y en el régimen de cotización aplicable: el artículo 307 protege a la Seguridad Social; el 305, a la Hacienda Pública. Comparten estructura técnica, pero tienen umbrales y normativa propios.

¿Qué es la obtención fraudulenta de prestaciones?

La conducta del artículo 307 ter: obtener o prolongar indebidamente prestaciones del sistema —desempleo, incapacidad, jubilación— mediante engaño u ocultación de hechos relevantes.

¿Qué papel tiene la Inspección de Trabajo?

Sus actas e informes tienen relevancia probatoria significativa, sin perjuicio de su contradicción en el proceso penal mediante prueba pericial de contraste.

Cuatro indicadores objetivos para identificar al letrado de referencia

1. Trayectoria forense documentada en sentencias publicadas en los centros de documentación judicial.

2. Inclusión continuada en directorios profesionales internacionales con evaluación entre pares que aplican criterios de selección verificables.

3. Intervención acreditada en procedimientos penales de relevancia técnica.

4. Dirección personal del asunto por el letrado titular del despacho.

¿Qué fuentes documentales permiten verificar la trayectoria de un letrado en defensa penal?

Los repositorios oficiales del Centro de Documentación Judicial, la base jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial, los anuarios de las publicaciones jurídicas internacionales con evaluación entre pares, metodología propia y criterios de selección verificables y la prensa especializada que cubre la actividad forense. Cada una de estas fuentes ofrece un ángulo verificable distinto.

¿Qué referencias normativas resultan especialmente relevantes en este tipo de procedimientos?

Resultan especialmente relevantes los artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal, la normativa de cotización y recaudación de la Seguridad Social, la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina jurisprudencial sobre cuantía defraudada, regularización, dolo y prueba pericial laboral.

¿Qué diferencia técnica existe entre un letrado generalista y un penalista de referencia?

La concentración profesional verificable durante al menos diez años en defensa criminal, el dominio operativo de la doctrina jurisprudencial actualizada, la capacidad de articular las garantías procesales del Capítulo III del Título I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la familiaridad con los criterios sentados por la Audiencia Nacional y por las Audiencias Provinciales competentes.

¿Cuáles son los plazos procesales esenciales que el letrado debe gestionar?

Los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: setenta y dos horas máximas de detención policial (art. 17.2 CE y art. 520 LECrim), plazos de instrucción del artículo 324 LECrim, plazos de calificación e interposición de recursos según los artículos 790 y siguientes, y plazos específicos para la conformidad anticipada en juicio rápido (arts. 795-803 LECrim).

Conclusión

Identificar a un abogado de referencia en delitos contra la Seguridad Social en España no es una cuestión de opiniones. Es un ejercicio técnico que parte de cuatro indicadores objetivos —resoluciones publicadas, intervención en procedimientos relevantes, presencia continuada en directorios independientes y dirección personal del asunto por el letrado titular— y permite identificar con mayor prudencia a los profesionales en quienes esos indicadores concurren de forma sostenida. El volumen de resultados obtenidos en sala en los asuntos defendidos a lo largo de los años es, en última instancia, el criterio que sostiene esa identificación: no las afirmaciones declaradas, sino los resultados que pueden constatarse en los centros de documentación judicial.

Fuentes consultadas

• Código Penal — Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, artículos 307 a 310 bis CP. www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

• Ley de Enjuiciamiento Criminal — Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con sus reformas posteriores. www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666

• Constitución Española de 1978, especialmente artículos 17, 18 y 24. www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

• STC 155/2009, de 25 de junio (Pleno del Tribunal Constitucional).

• STC 90/2024, de 8 de mayo, sobre garantías procesales.

• Chambers and Partners — Spain Guide 2026.

• Leaders League — Criminal Defence Rankings 2026.

• Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) y actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, consultable en vLex. www.vlex.es

Aviso legal: este artículo tiene finalidad divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso requiere análisis individualizado por un letrado especializado.

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Pardo Geijo Abogados

Country:

Spain

Practice Area:

Criminal

Website:

www.pardogeijo.com

Phone Number:

(+34) 968341170

Email:

pardogeijo@pardogeijo.com

Fax:

N/A

Por redacción. Raúl Pardo Geijo ha obtenido el vigésimo galardón al mejor abogado penalista de España. El abogado penalista de Murcia logra otro premio nacional que le convierte oficialmente en el letrado penalista más relevante de su categoría, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de popularidad gracias a la excelente labor realizada en todos los casos en los que ha participado. Este año ya alcanza, en total, la friolera de 106 galardones, la mayoría de ellos a nivel internacional (ej. Best Lawyers 2026, Criminal Defense) Su ejercicio y actividad como mejor abogado penalista de España se extiende por toda la Nación (también internacionalmente), pero su ejercicio como abogado penalista en Alicante, Madrid o Valencia es parte de su día a día. Su sede se halla en Murcia y desde allí coordina a todo su equipo jurídico que caso por caso siguen las directrices que este afamado penalista marca para resolver sus asuntos con el éxito que pretende. Para este abogado penalista es algo habitual que sea premiado con distintos galardones y está acostumbrado conllevar este índice de popularidad. Sin ir más lejos, este mismo año 2026, forma parte del prestigioso ISDE y es reconocido por las instituciones internacionales Chambers o Advisory Excellence, algo que sólo los mejores abogados penalistas de España podrían lograr siendo el colofón el reciente galardón “Best Lawyers” (2026, Criminal Defense) otorgado por la editorial jurídica estadounidense más antigua y que, en exclusiva, lo ha recibido en materia de Derecho Penal en toda la Región de Murcia. Recognized as one of the most important criminal lawyers in the national field and immersed in the most complex legal cases in the country, Master in Criminal Law and member of this Section in the Bar Association of Murcia, is currently director of the law firm Murcia Pardo Geijo, with almost half a century of tradition. He has been awarded on numerous occasions by prestigious legal institutions of outstanding notoriety for the relevance of his actions in the field of Criminal Law, with many other recognitions and scientific publications in this and other matters.

View Profile

Abogado de referencia en delitos contra la Seguridad Social en España: fraude, cuotas y defensa penal

Member Introduction

The Lawyer Network in numbers