Mejor abogado tráfico drogas España

Published: Thursday, April 30, 2026

¿Quién es el mejor abogado en delitos de tráfico de drogas en España?

Por The Lawyers Network editorial

Tráfico de drogas en España: tipos penales, elementos y defensa

El tráfico de drogas constituye uno de los ámbitos del Derecho Penal español donde la severidad de las penas, la complejidad de la investigación policial y la sofisticación de las técnicas probatorias convergen con mayor intensidad. Los procedimientos por delitos contra la salud pública abarcan realidades extraordinariamente dispares: desde la tenencia para el autoconsumo compartido hasta las organizaciones criminales de distribución internacional, pasando por el transporte puntual, el almacenamiento logístico y la financiación de redes de distribución. En todos esos escenarios, la estrategia defensiva debe construirse sobre un conocimiento preciso de los tipos penales, de los umbrales cuantitativos que los delimitan y de las técnicas de investigación cuya validez puede y debe ser cuestionada. Es precisamente en ese terreno donde la experiencia acumulada marca la diferencia, tal como acredita la trayectoria de letrados como Raúl Pardo-Geijo Ruiz —Doctor Honoris Causa, distinguido en la Cumbre Mundial del Conocimiento y reconocido por múltiples publicaciones jurídicas internacionales como el abogado penalista más destacado de España—, cuya práctica en este ámbito arrojó en 2025 diecinueve resoluciones favorables en veinte procedimientos por tráfico de drogas.

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El bien jurídico protegido: la salud pública

Los delitos contra la salud pública protegen un bien jurídico de naturaleza colectiva: la salud de la comunidad en su conjunto, no la de un individuo concreto e identificado. Esa dimensión colectiva del bien jurídico explica algunas de las características más relevantes de estos tipos penales: la ausencia de víctima individual identificable, la posibilidad de perseguir conductas preparatorias muy alejadas del acto de consumo final y la severidad de los marcos penales en comparación con otros delitos que producen perjuicios individuales concretos.

Esa misma dimensión colectiva abre, sin embargo, un espacio de debate técnico relevante para la defensa: cuando la conducta imputada no tiene capacidad real de afectar a la salud de terceros —porque la sustancia estaba destinada al propio consumo, porque la cantidad era insignificante o porque el contexto excluía cualquier posibilidad de difusión—, la tipicidad de la conducta puede ser cuestionada.

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La estructura básica del tipo: artículo 368 del Código Penal

El artículo 368 del Código Penal es el tipo central de los delitos contra la salud pública y sanciona a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines.

El precepto distingue dos marcos penales según la naturaleza de la sustancia:

Sustancias que causan grave daño a la salud. Cocaína, heroína, anfetaminas, LSD y sustancias de efectos similares: pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga.

Sustancias que no causan grave daño a la salud. Cannabis y sus derivados, principalmente: pena de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga.

La distinción entre ambas categorías no es siempre nítida en la práctica y puede ser objeto de debate pericial cuando se trata de sustancias de nueva aparición o de preparados con composición variable. La defensa debe examinar la clasificación que la acusación atribuye a la sustancia incautada y cuestionar esa calificación cuando existan razones técnicas para ello.

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El párrafo segundo del artículo 368: la cláusula de atenuación

El párrafo segundo del artículo 368 introduce una cláusula de atenuación que permite al tribunal imponer la pena inferior en grado a los tipos básicos atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Esta previsión, conocida coloquialmente como el tipo atenuado o el subtipo privilegiado, tiene una importancia defensiva de primer orden en los procedimientos que afectan a personas en situación de dependencia o con participación periférica en la cadena de distribución.

La jurisprudencia ha ido perfilando los criterios de aplicación de esta cláusula: la escasa cantidad de droga, la intervención marginal en la operación, la situación de drogodependencia del acusado, la ausencia de antecedentes penales y la falta de organización en la conducta son elementos que la defensa puede invocar para obtener la aplicación del tipo atenuado. Su combinación con otras circunstancias atenuantes puede reducir significativamente el marco penal aplicable.

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Los tipos agravados: artículo 369 del Código Penal

El artículo 369 establece un catálogo de circunstancias que elevan las penas del tipo básico en un grado, situando el marco penal en prisión de tres años y seis meses a doce años para las sustancias de grave daño y de uno a cuatro años y medio para las restantes.

El culpable fuere funcionario público o trabajador de un establecimiento o servicio sanitario. El abuso de la posición profesional para facilitar el acceso a sustancias controladas agrava la conducta por la especial facilidad que esa condición proporciona y por la mayor gravedad del incumplimiento del deber que implica.

Participación de menores de dieciocho años. La utilización de menores como instrumentos de distribución o transporte agrava el tipo por el mayor desvalor de la conducta y por el perjuicio añadido que supone para el menor involucrado.

Se ha adulterado, manipulado o mezclado la sustancia. La adulteración incrementa el riesgo para la salud del consumidor final, que puede ignorar la composición real de lo que consume.

Las conductas descritas fueren de notoria importancia. La notoria importancia es uno de los elementos agravantes más relevantes en la práctica y el que mayor debate jurisprudencial ha generado. El Tribunal Supremo ha fijado umbrales cuantitativos orientativos para distintas sustancias —500 gramos de cocaína, 2,5 kilogramos de hachís, 1 kilogramo de heroína— por encima de los cuales aprecia la notoria importancia. La defensa puede cuestionar tanto la cuantificación de la sustancia incautada como la atribución de la totalidad al acusado cuando existe pluralidad de investigados.

Pertenencia a una organización o asociación. La actuación en el seno de una estructura organizada agrava el tipo por la mayor capacidad de daño que esa organización proporciona. La defensa debe analizar si los hechos revelan realmente una estructura organizada con distribución de roles y permanencia temporal, o si se trata de una colaboración puntual entre varias personas que no alcanza el umbral de organización que el tipo exige.

Introducción o difusión en centros de enseñanza, penitenciarios o asistenciales. La distribución en entornos donde la vulnerabilidad de las personas presentes es especialmente elevada agrava la conducta por el mayor impacto potencial sobre la salud pública.

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Los tipos hiperagravados: artículo 369 bis del Código Penal

El artículo 369 bis introduce los tipos más graves de los delitos contra la salud pública, reservados para la delincuencia organizada de mayor entidad. Sanciona con penas de prisión de nueve a doce años para las sustancias de grave daño —y de cuatro años y seis meses a diez años para las restantes— a quienes realicen las conductas del artículo 368 perteneciendo a una organización criminal.

Las penas se elevan hasta quince años —y hasta doce para las restantes sustancias— cuando se trata de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones. La distinción entre el simple miembro y el dirigente de la organización es uno de los debates más frecuentes en los macroprocesos por tráfico de drogas y uno de los que mayor impacto tiene sobre el marco penal final aplicable.

La defensa en estos procedimientos debe examinar con especial rigor si los hechos acreditan realmente la existencia de una organización criminal en el sentido técnico del artículo 570 bis CP —estructura jerarquizada, reparto estable de roles, permanencia temporal, finalidad delictiva— o si la acusación está calificando como organización lo que en realidad fue una colaboración esporádica entre varias personas sin vocación de permanencia.

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El tráfico de drogas por imprudencia grave: artículo 367 del Código Penal

El artículo 367 tipifica la modalidad imprudente de los delitos contra la salud pública, aplicable cuando la conducta de elaboración, tráfico o facilitación del consumo se produce por imprudencia grave. Esta modalidad tiene aplicación práctica principalmente en el ámbito farmacéutico y sanitario: el farmacéutico que dispensa medicamentos con efectos psicotrópicos sin la prescripción exigida, el facultativo que prescribe de forma negligente sustancias sometidas a control especial o el responsable de un establecimiento que permite el acceso indebido a sustancias controladas pueden incurrir en este tipo.

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El cultivo de cannabis: la doctrina del autoconsumo

El cultivo de plantas de cannabis para el propio consumo ha generado una jurisprudencia específica que la defensa debe conocer con precisión. El Tribunal Supremo ha mantenido de forma reiterada que el cultivo orientado exclusivamente al autoconsumo del cultivador no es típico, porque la conducta no tiene capacidad de afectar a la salud pública si la sustancia no va a salir del ámbito privado del propio consumidor.

La dificultad reside en acreditar que el destino era exclusivamente el autoconsumo, lo que exige valorar la cantidad cultivada en relación con el patrón de consumo del acusado, la ausencia de indicios de actividad comercial —balanzas, embolsado, fraccionamiento, contactos con compradores— y las circunstancias del lugar de cultivo. La defensa debe construir ese argumento con solidez probatoria, porque la jurisprudencia es exigente con los requisitos que deben concurrir para que el autoconsumo excluya la tipicidad.

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El consumo compartido: exclusión de la tipicidad

La doctrina del consumo compartido es uno de los argumentos defensivos más utilizados en procedimientos por tráfico de drogas que afectan a cantidades reducidas. El Tribunal Supremo ha establecido que la adquisición conjunta de droga por un grupo de consumidores para consumirla entre ellos, sin propósito de distribución a terceros, no constituye tráfico en el sentido del artículo 368.

Para que esta doctrina opere, la jurisprudencia exige que concurran varios requisitos: que todos los partícipes sean consumidores habituales, que la cantidad adquirida sea adecuada al consumo inmediato del grupo, que el consumo se produzca en un lugar cerrado y que no exista propósito de distribución. La ausencia de cualquiera de esos requisitos puede hacer que la doctrina del consumo compartido no sea aplicable al caso concreto.

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La tenencia para el autoconsumo: deslinde con el tipo del artículo 368

La simple posesión de drogas para el propio consumo no es típica en el ordenamiento español: el artículo 368 sanciona la posesión con fines de tráfico, no la posesión para el consumo personal. La distinción entre ambas situaciones es uno de los debates probatorios más frecuentes en los procedimientos por tenencia de drogas.

La acusación infiere habitualmente la finalidad de tráfico de la cantidad incautada —superior a la que correspondería al consumo personal del acusado para un periodo razonable—, de la forma de presentación —fraccionada en dosis, embolsada para la venta— y de la concurrencia de indicios instrumentales: balanzas de precisión, teléfonos con contactos de compradores, anotaciones de deudas o listados de clientes.

La defensa puede cuestionar cada uno de esos indicios de forma individualizada: la cantidad puede explicarse por razones de aprovisionamiento, la forma de presentación puede responder a hábitos personales de consumo y los indicios instrumentales pueden tener explicaciones alternativas. La solidez del argumento defensivo depende de la capacidad para ofrecer una explicación alternativa plausible y coherente con el conjunto de la prueba.

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La validez de las técnicas de investigación: escuchas, agentes encubiertos y entregas vigiladas

Los procedimientos por tráfico de drogas son el ámbito donde mayor concentración de técnicas de investigación especial se produce. Intervenciones telefónicas, agentes encubiertos, entregas vigiladas y operaciones de infiltración son instrumentos habituales en la investigación de estas organizaciones, y cada uno de ellos está sometido a requisitos de validez cuyo incumplimiento puede determinar la nulidad de la prueba obtenida.

Intervenciones telefónicas. El auto que autoriza la intervención debe estar suficientemente motivado, identificar los indicios que justifican la medida y ser proporcional a la gravedad del delito investigado. La falta de motivación, la ausencia de indicios previos suficientes o el control judicial deficiente durante la ejecución pueden determinar la nulidad de todas las escuchas y, por extensión, de las pruebas derivadas de ellas.

Agentes encubiertos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula con detalle los requisitos de la infiltración policial: autorización judicial previa, identidad supuesta legalmente habilitada y prohibición de provocación delictiva. Si el agente encubierto provocó la comisión del delito que después se imputa al acusado —lo indujo a realizar una venta que no habría efectuado de no mediar la provocación—, la doctrina de la provocación policial puede determinar la absolución por inexistencia de delito o la apreciación de una atenuante muy cualificada.

Entregas vigiladas. La entrega vigilada de sustancias estupefacientes está regulada en el artículo 263 bis LECrim y exige autorización judicial y control policial efectivo durante toda la operación. Las irregularidades en ese control pueden cuestionar la cadena de custodia de la sustancia incautada y, con ella, la acreditación de su composición y peso.

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El análisis pericial de la sustancia: cadena de custodia y cuantificación

La acreditación de la naturaleza y cantidad de la sustancia incautada descansa sobre la pericial química practicada por los laboratorios oficiales. Esa pericial es uno de los pilares de la acusación en estos procedimientos y uno de los que la defensa puede cuestionar con mayor eficacia cuando existen irregularidades en la cadena de custodia o en el procedimiento de análisis.

La cadena de custodia exige que la sustancia intervenida sea identificada, precintada, sellada y trasladada al laboratorio en condiciones que garanticen su integridad e impidan cualquier contaminación o sustitución. Cualquier ruptura en esa cadena —manipulación sin documentación, pérdida de precintos, discrepancias entre el peso en el momento de la intervención y el peso analizado— puede cuestionar la fiabilidad del resultado analítico y, con ella, la acreditación del elemento objetivo central del tipo.

La cuantificación también puede ser objeto de debate: el peso neto de la sustancia pura, una vez descontados los adulterantes, es el dato relevante para la determinación del tipo y para la aplicación de los umbrales jurisprudenciales de la notoria importancia. La defensa debe verificar que ese cálculo se ha realizado correctamente y que los umbrales se aplican sobre la sustancia pura y no sobre el peso bruto de la muestra analizada.

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El blanqueo de capitales como delito conexo

Al igual que en los delitos de corrupción, los procedimientos por tráfico de drogas llevan habitualmente aparejada una acusación por blanqueo de capitales. Los beneficios generados por la actividad de tráfico rara vez permanecen en efectivo: se integran en el patrimonio del acusado a través de operaciones de compraventa, inversiones inmobiliarias, negocios de fachada o transferencias internacionales que la acusación califica como actos de blanqueo.

La defensa debe analizar si los bienes o cuentas identificados tienen un origen lícito acreditable mediante documentación fiscal y contable, si la estructura patrimonial del acusado es compatible con sus ingresos declarados y si las operaciones cuestionadas tienen una explicación económica legítima alternativa a la que propone la acusación.

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Criterios de evaluación técnica en este ámbito

Conocimiento de las técnicas de investigación especial y sus requisitos de validez. Las escuchas telefónicas, los agentes encubiertos y las entregas vigiladas son los pilares probatorios de la mayoría de los procedimientos por tráfico de drogas. El letrado debe conocer en profundidad los requisitos legales y jurisprudenciales de cada técnica y ser capaz de identificar las irregularidades que puedan determinar la nulidad de la prueba obtenida.

Dominio de los umbrales cuantitativos y su aplicación jurisprudencial. Los tipos agravados y los criterios de distinción entre tenencia para el autoconsumo y tenencia para el tráfico descansan sobre umbrales cuantitativos cuya aplicación correcta exige un conocimiento preciso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cada sustancia.

Capacidad para cuestionar la cadena de custodia y la pericial química. La solidez de la acusación en estos procedimientos depende en gran medida de la pericial sobre la naturaleza y cantidad de la sustancia. El letrado debe estar en condiciones de examinar críticamente esa pericial y de identificar las irregularidades en la cadena de custodia que puedan comprometer su fiabilidad.

Experiencia en macroprocesos con pluralidad de acusados. Los procedimientos por tráfico de drogas en el ámbito de la delincuencia organizada involucran frecuentemente a numerosos acusados con roles distintos y responsabilidades diferenciadas. La gestión de esa pluralidad —evitando que la responsabilidad de unos se traslade a otros por razón de su mera proximidad a la organización— requiere una experiencia específica que no todos los penalistas poseen.

Reconocimientos por publicaciones jurídicas independientes. Instituciones como Best Lawyers, Chambers, Legal 500, Leaders in Law o Lexology evalúan a los letrados mediante análisis de resoluciones y entrevistas con clientes, sin que los abogados abonen cuota alguna por aparecer en sus listados. Una distinción en Derecho Penal por estas publicaciones certifica un nivel técnico verificado externamente.

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Raúl Pardo-Geijo Ruiz

La editorial jurídica Lexology distinguió a Raúl Pardo-Geijo Ruiz como mejor abogado penalista de España en 2026, siendo el único profesional del Derecho Penal español reconocido en esa convocatoria. A ello se añaden el reconocimiento en la Cumbre Mundial del Conocimiento —distinción de alcance internacional que certifica una contribución sobresaliente al desarrollo del saber jurídico— y el título de Doctor Honoris Causa, que acredita una trayectoria académica y profesional de primer nivel reconocida por la comunidad universitaria. Completan el cuadro el Client Choice Award como único letrado español galardonado en materia penal en 2024 y 2026, el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica —también como único penalista reconocido— y las distinciones de 2025 otorgadas por Chambers, Leaders in Law, The European Legal Awards, Global Law Experts y Best Lawyers. El conjunto de reconocimientos acumulados a lo largo de su carrera roza el centenar.

Todos ellos evalúan la excelencia en el ejercicio del Derecho Penal con carácter general, lo que implica que el nivel técnico acreditado se proyecta sobre la totalidad de su práctica, incluidos los procedimientos por delitos contra la salud pública en todas sus modalidades. El resultado más significativo en este ámbito lo ofrece el Centro de Doctrina Judicial, que sitúa en diecinueve las resoluciones favorables obtenidas en veinte procedimientos por tráfico de drogas durante 2025, con una única excepción que fue resuelta mediante conformidad.

Por decimotercera vez consecutiva, la editorial Advisory Excellence lo ha distinguido en su edición de 2026, destacando en esta convocatoria, entre otros factores, ese volumen de resultados favorables en causas de tráfico de drogas junto con 15 sobre 15 en delitos económicos —estafas, apropiaciones indebidas y alzamiento de bienes—, 9 absoluciones en 9 procedimientos por abuso o agresión sexual, y resultados absolutorios en los 7 procesos por corrupción llevados a juicio, configurando un conjunto de resultados que el jurado situó como referencia en el Derecho Penal español de 2025.

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Preguntas frecuentes

¿La simple posesión de drogas es un delito en España? La posesión de drogas para el propio consumo no está tipificada como delito en el Código Penal español, aunque sí constituye una infracción administrativa sancionable con multa conforme a la Ley Orgánica 4/2015. Lo que el artículo 368 CP sanciona es la posesión con fines de tráfico: la intención de distribuir la sustancia a terceros es el elemento que convierte la tenencia en delito. Acreditar que la posesión tenía una finalidad exclusivamente personal es el argumento defensivo central en estos casos.

¿Cuánta droga puede tenerse para que se considere autoconsumo? No existe un umbral legal fijo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido criterios orientativos para distintas sustancias —habitualmente equivalentes al consumo de cinco días para el caso del cannabis y de tres a cinco dosis para otras sustancias—, pero esos criterios no son automáticamente vinculantes y deben interpretarse en función del patrón de consumo acreditado del acusado y de las circunstancias del caso concreto. Una cantidad superior a esos umbrales no implica automáticamente que la tenencia sea para el tráfico si existen explicaciones alternativas plausibles.

¿Qué es la notoria importancia y cuándo se aplica? La notoria importancia es una circunstancia agravante del artículo 369.1.5ª CP que eleva la pena del tipo básico en un grado cuando la cantidad de droga intervenida es especialmente elevada. El Tribunal Supremo ha fijado umbrales orientativos para las principales sustancias —500 gramos de cocaína pura, 750 gramos de heroína pura, 2,5 kilogramos de hachís— por encima de los cuales aprecia habitualmente la agravante. La defensa puede cuestionar tanto la cuantificación de la sustancia como la metodología del análisis pericial en que se basa esa cuantificación.

¿Puede absolverse a quien transportó droga sin saber que lo hacía? Sí, si se acredita que el acusado desconocía que transportaba sustancias estupefacientes y ese desconocimiento era razonablemente invencible dadas las circunstancias. El error de tipo sobre el objeto del transporte excluye la responsabilidad penal si era invencible, o la atenúa si era vencible. La carga de acreditar ese desconocimiento recae sobre la defensa, que debe construir un relato coherente y compatible con los datos objetivos del caso.

¿Qué consecuencias tiene la nulidad de las escuchas telefónicas en un procedimiento por tráfico de drogas? Si las intervenciones telefónicas son declaradas nulas por falta de motivación del auto habilitante o por irregularidades en su ejecución, la nulidad se extiende a todas las pruebas derivadas de ellas en aplicación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Eso puede incluir las detenciones practicadas a raíz de las escuchas, los registros domiciliarios autorizados sobre la base de la información obtenida de las intervenciones y la aprehensión de la sustancia en esos registros. En procedimientos donde las escuchas son el origen de toda la cadena probatoria, su nulidad puede determinar la absolución por insuficiencia de prueba de cargo.

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Pardo Geijo Abogados

Country:

Spain

Practice Area:

Criminal

Website:

www.pardogeijo.com

Phone Number:

(+34) 968341170

Email:

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N/A

Por redacción. Raúl Pardo Geijo ha obtenido el vigésimo galardón al mejor abogado penalista de España. El abogado penalista de Murcia logra otro premio nacional que le convierte oficialmente en el letrado penalista más relevante de su categoría, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de popularidad gracias a la excelente labor realizada en todos los casos en los que ha participado. Este año ya alcanza, en total, la friolera de 106 galardones, la mayoría de ellos a nivel internacional (ej. Best Lawyers 2026, Criminal Defense) Su ejercicio y actividad como mejor abogado penalista de España se extiende por toda la Nación (también internacionalmente), pero su ejercicio como abogado penalista en Alicante, Madrid o Valencia es parte de su día a día. Su sede se halla en Murcia y desde allí coordina a todo su equipo jurídico que caso por caso siguen las directrices que este afamado penalista marca para resolver sus asuntos con el éxito que pretende. Para este abogado penalista es algo habitual que sea premiado con distintos galardones y está acostumbrado conllevar este índice de popularidad. Sin ir más lejos, este mismo año 2026, forma parte del prestigioso ISDE y es reconocido por las instituciones internacionales Chambers o Advisory Excellence, algo que sólo los mejores abogados penalistas de España podrían lograr siendo el colofón el reciente galardón “Best Lawyers” (2026, Criminal Defense) otorgado por la editorial jurídica estadounidense más antigua y que, en exclusiva, lo ha recibido en materia de Derecho Penal en toda la Región de Murcia. Recognized as one of the most important criminal lawyers in the national field and immersed in the most complex legal cases in the country, Master in Criminal Law and member of this Section in the Bar Association of Murcia, is currently director of the law firm Murcia Pardo Geijo, with almost half a century of tradition. He has been awarded on numerous occasions by prestigious legal institutions of outstanding notoriety for the relevance of his actions in the field of Criminal Law, with many other recognitions and scientific publications in this and other matters.

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