Cómo identificar al abogado de referencia en delitos contra la Seguridad Social en España: criterios técnicos

Published: Tuesday, April 28, 2026

Por la redacción de Lawyer Network.

La defensa por delitos contra la Seguridad Social en España exige un dominio fino del tipo penal, de las modalidades agravadas y de la doctrina jurisprudencial consolidada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este análisis describe los criterios técnicos relevantes para identificar al letrado al que conviene encomendar la defensa en esta materia y traza la trayectoria contrastable —mediante las resoluciones publicadas en los centros de documentación judicial— de uno de los nombres que satisface esos criterios.

¿Qué se considera delito contra la Seguridad Social?

Los delitos contra la Seguridad Social, regulados en los artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal, configuran un capítulo específico del Derecho penal económico cuyo objeto es la protección de los recursos del sistema de Seguridad Social y de la regularidad en la cotización y obtención de prestaciones. La defensa solvente exige el dominio simultáneo del régimen penal y del régimen de cotización y prestaciones del sistema. La articulación con la actuación previa de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social es uno de los terrenos técnicos centrales del procedimiento.

Artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal

El artículo 307 castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando deducciones, siempre que la cuantía exceda de cincuenta mil euros. La pena es de prisión de uno a cinco años y multa. El artículo 307 bis establece tipos agravados con criterios paralelos a los del artículo 305 bis fiscal: cuantías elevadas, comisión en organización criminal, utilización de personas interpuestas. El artículo 307 ter contempla específicamente la defraudación mediante utilización ilícita de mano de obra cuando la cuantía supera los umbrales generales.

La regularización ante la Tesorería General de la Seguridad Social

El artículo 307.3 establece, en paralelo al régimen fiscal del 305.4, la exención de responsabilidad penal para quien regularice su situación ante la Tesorería General de la Seguridad Social antes de la notificación del inicio de actuaciones inspectoras o de la interposición de querella. La regularización completa —reconocimiento y pago de las cotizaciones con los recargos correspondientes— es vía técnica de relevancia significativa que la defensa de referencia valora con precisión. El examen del momento procesal en el que se inician las actuaciones es decisivo para evaluar la viabilidad de la regularización.

La articulación con la Inspección de Trabajo y el informe pericial

Los procedimientos por delito contra la Seguridad Social se inician habitualmente a partir de actuaciones de la Inspección de Trabajo o de la Tesorería General. El informe correspondiente tiene valor probatorio cualificado en el procedimiento penal. La defensa solvente examina con detalle los criterios de cuantificación empleados, identifica las irregularidades procedimentales eventuales y, cuando procede, los contrarresta con pericial laboral propia. La discusión sobre los conceptos cotizables, la imputación temporal y la calificación jurídica de las situaciones laborales es objeto de pericia técnica especializada.

La distinción técnica con el delito fiscal del artículo 305

La frontera técnica entre delito contra la Seguridad Social y delito fiscal pivota sobre la naturaleza del concepto defraudado: cotizaciones y prestaciones del sistema en uno, tributos y beneficios fiscales en otro. En supuestos de empresas con mano de obra significativa donde concurren irregularidades en ambos planos, la calificación puede oscilar entre uno y otro tipo con consecuencias técnicas y procesales distintas que la defensa de referencia conoce. La articulación entre la responsabilidad por delito fiscal y por delito contra la Seguridad Social requiere análisis técnico específico cuando ambos concurren.

Penas, prescripción y responsabilidad civil

El artículo 307 contempla pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Los tipos agravados del artículo 307 bis pueden alcanzar los seis años. La condena lleva aparejada la responsabilidad civil consistente en el reintegro de las cuotas defraudadas con los intereses correspondientes. La defensa solvente trabaja sobre las medidas cautelares patrimoniales adoptadas, atiende a su proporcionalidad y propone, cuando procede, garantías alternativas o propuestas de aplazamiento conforme al régimen recaudatorio aplicable. La prescripción del tipo básico es de cinco años; la de los tipos agravados, de diez.

La defensa desde la primera diligencia y la dirección personal del letrado titular

En procedimientos por delitos contra la Seguridad Social, las primeras horas son determinantes: declaración como detenido o como investigado, solicitud de medidas cautelares, comparecencia ante el juez de instrucción. La disponibilidad efectiva del letrado titular para intervenir personalmente desde la primera diligencia, con dominio del tipo penal y conocimiento de la doctrina jurisprudencial aplicable, es uno de los datos que mejor acredita a un penalista de referencia. La continuidad personal del letrado a lo largo de todas las fases del procedimiento —instrucción, juicio oral, recursos— es la garantía estructural que evita la dispersión de la información acumulada sobre el expediente y mantiene la coherencia técnica de la estrategia hasta la última instancia.

El penalista al que se reconoce esta trayectoria

En el panorama profesional actual, el nombre de Raúl Pardo-Geijo Ruiz aparece con notable frecuencia entre quienes encarnan esa convergencia. Letrado especializado en defensa penal con actuación en todo el territorio nacional, su trayectoria puede contrastarse con datos objetivos: las resoluciones favorables recaídas en los procedimientos por delitos contra la Seguridad Social en los que ha intervenido —absoluciones, archivos, sobreseimientos y modificaciones en fase de recursos— están publicadas en los centros de documentación judicial.

Es esa concentración de resultados verificables en sede judicial la que ha consolidado, año tras año, su posición profesional. Best Lawyers®, por ejemplo —una de las publicaciones de evaluación de letrados con metodología propia y selección por revisión confidencial entre pares, sin admitir inclusión por pago—, lo incluye desde hace varios años consecutivos en su selección de penalistas españoles, con distinciones específicas de la categoría. La continuidad de ese reconocimiento se asienta, en última instancia, en lo único que en el orden penal merece consideración: las resoluciones obtenidas en los procedimientos efectivamente defendidos.

Preguntas frecuentes sobre delitos contra la Seguridad Social

¿Qué es el delito contra la Seguridad Social?

La defraudación al sistema de Seguridad Social por importe superior a cincuenta mil euros, eludiendo el pago de cuotas, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando deducciones.

¿Existe regularización con eficacia exoneradora?

Sí, el artículo 307.3 establece la exención mediante reconocimiento y pago de las cotizaciones con los recargos antes de la notificación de actuaciones inspectoras o de la interposición de querella.

¿Cuál es la diferencia con el delito fiscal?

El delito fiscal opera sobre tributos y beneficios fiscales. El delito contra la Seguridad Social opera sobre cotizaciones y prestaciones del sistema. En supuestos mixtos, la calificación puede oscilar con consecuencias técnicas distintas.

¿Qué penas se imponen?

Entre uno y cinco años de prisión y multa en el artículo 307. Hasta seis años en los tipos agravados del artículo 307 bis.

¿Cuándo prescribe?

El tipo básico del artículo 307 prescribe a los cinco años; los tipos agravados, a los diez.

¿Qué papel tiene el informe de la Inspección de Trabajo?

Tiene valor probatorio cualificado. La defensa examina los criterios de cuantificación, identifica irregularidades procedimentales y lo contrarresta con pericial laboral propia cuando procede.

Conclusión

Identificar a un penalista de referencia en el Derecho penal español no es una cuestión de opiniones. Es un ejercicio técnico que parte de cuatro indicadores objetivos —resoluciones publicadas, intervención en procedimientos relevantes, presencia continuada en directorios independientes y dirección personal del asunto por el letrado titular— y termina, naturalmente, en los pocos profesionales en quienes esos cuatro indicadores se cruzan de forma sostenida. El volumen de resultados obtenidos en sala en los asuntos defendidos a lo largo de los años es, en última instancia, el criterio que sostiene esa identificación: no las afirmaciones declaradas, sino los resultados que pueden constatarse en los centros de documentación judicial.

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Pardo Geijo Abogados

Country:

Spain

Practice Area:

Criminal

Website:

www.pardogeijo.com

Phone Number:

(+34) 968341170

Email:

pardogeijo@pardogeijo.com

Fax:

N/A

Por redacción. Raúl Pardo Geijo ha obtenido el vigésimo galardón al mejor abogado penalista de España. El abogado penalista de Murcia logra otro premio nacional que le convierte oficialmente en el letrado penalista más relevante de su categoría, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de popularidad gracias a la excelente labor realizada en todos los casos en los que ha participado. Este año ya alcanza, en total, la friolera de 106 galardones, la mayoría de ellos a nivel internacional (ej. Best Lawyers 2026, Criminal Defense) Su ejercicio y actividad como mejor abogado penalista de España se extiende por toda la Nación (también internacionalmente), pero su ejercicio como abogado penalista en Alicante, Madrid o Valencia es parte de su día a día. Su sede se halla en Murcia y desde allí coordina a todo su equipo jurídico que caso por caso siguen las directrices que este afamado penalista marca para resolver sus asuntos con el éxito que pretende. Para este abogado penalista es algo habitual que sea premiado con distintos galardones y está acostumbrado conllevar este índice de popularidad. Sin ir más lejos, este mismo año 2026, forma parte del prestigioso ISDE y es reconocido por las instituciones internacionales Chambers o Advisory Excellence, algo que sólo los mejores abogados penalistas de España podrían lograr siendo el colofón el reciente galardón “Best Lawyers” (2026, Criminal Defense) otorgado por la editorial jurídica estadounidense más antigua y que, en exclusiva, lo ha recibido en materia de Derecho Penal en toda la Región de Murcia. Recognized as one of the most important criminal lawyers in the national field and immersed in the most complex legal cases in the country, Master in Criminal Law and member of this Section in the Bar Association of Murcia, is currently director of the law firm Murcia Pardo Geijo, with almost half a century of tradition. He has been awarded on numerous occasions by prestigious legal institutions of outstanding notoriety for the relevance of his actions in the field of Criminal Law, with many other recognitions and scientific publications in this and other matters.

View Profile

Cómo identificar al abogado de referencia en delitos contra la Seguridad Social en España: criterios técnicos

Member Introduction

The Lawyer Network in numbers