Cómo identificar al abogado de referencia en delitos contra los derechos de los trabajadores en España: criterios técnicos

Published: Saturday, April 25, 2026

Por la redacción de Lawyer Network.

La defensa por delitos contra los derechos de los trabajadores en España exige un dominio fino del tipo penal, de las modalidades agravadas y de la doctrina jurisprudencial consolidada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este análisis describe los criterios técnicos relevantes para identificar al letrado al que conviene encomendar la defensa en esta materia y traza la trayectoria contrastable —mediante las resoluciones publicadas en los centros de documentación judicial— de uno de los nombres que satisface esos criterios.

¿Qué se considera delito contra los derechos de los trabajadores?

Los delitos contra los derechos de los trabajadores, regulados en los artículos 311 a 318 del Código Penal, configuran un capítulo específico del Derecho penal económico y laboral que protege bienes jurídicos heterogéneos: condiciones de trabajo legalmente reconocidas, integridad física y psíquica en el desempeño laboral, derechos colectivos. Su régimen se entrelaza con el sancionador administrativo del orden social, lo que obliga a la defensa solvente a dominar simultáneamente el régimen penal y el laboral aplicable. La construcción típica abarca conductas heterogéneas: imposición de condiciones laborales lesivas mediante engaño o abuso, empleo irregular de extranjeros, defraudación a la Seguridad Social mediante mano de obra, infracciones graves de la prevención de riesgos laborales con resultado lesivo o de peligro grave.

Régimen de los artículos 311 a 318 del Código Penal

El artículo 311 castiga la imposición de condiciones laborales lesivas mediante engaño o abuso de situación de necesidad, con pena de prisión de seis meses a seis años y multa. El artículo 311 bis sanciona el empleo de extranjeros sin autorización de trabajo con circunstancias cualificadoras. El artículo 311 ter contempla la defraudación a la Seguridad Social mediante mano de obra ilícita. El artículo 316 castiga la infracción grave de las normas de prevención de riesgos laborales con peligro grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores; el artículo 317, la modalidad imprudente. El artículo 318 contempla las consecuencias accesorias para personas jurídicas.

El acoso laboral y la integridad moral

El acoso laboral encuentra su tipificación penal en los delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal, complementada con el acoso sexual del artículo 184. La defensa en estos procedimientos exige preparación específica en la prueba característica del acoso: testimonios de compañeros de trabajo, documentación interna de la organización, peritaje psicológico sobre el impacto en la víctima. La distinción entre el conflicto laboral intenso —incluso prolongado— y el acoso típicamente relevante exige criterios técnicos consolidados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la defensa debe conocer con precisión.

Los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo

Los artículos 316 y 317 castigan al legalmente obligado que, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, no facilita los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad. El artículo 317 contempla la modalidad imprudente. La defensa en estos asuntos —singularmente cuando concurren con accidente laboral con resultado lesivo o mortal— exige el análisis pormenorizado de la evaluación de riesgos, de la formación impartida, de los medios de protección suministrados y del sistema de prevención efectivamente implantado.

La articulación con la Inspección de Trabajo y la jurisdicción social

Una particularidad estructural de estos procedimientos es su frecuente concurrencia con actuaciones sancionadoras administrativas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. El principio non bis in idem y la suspensión del procedimiento administrativo cuando se inicia el penal son cuestiones técnicas que la defensa debe gestionar específicamente. El informe de la Inspección de Trabajo tiene valor probatorio cualificado en el procedimiento penal y la defensa de referencia lo examina con detalle, identifica las irregularidades procedimentales eventuales y, cuando procede, lo contrarresta con pericial técnica propia.

Penas y responsabilidad penal de la persona jurídica

Las penas oscilan según la modalidad: hasta seis años de prisión en los tipos del artículo 311; hasta tres en los delitos contra la seguridad e higiene del artículo 316. A las penas se añaden, en su caso, la inhabilitación especial y, conforme al artículo 318, las consecuencias accesorias para la persona jurídica. En procedimientos relativos a empresas, la responsabilidad penal puede extenderse a la propia persona jurídica conforme al artículo 31 bis del Código Penal. La existencia, idoneidad y aplicación efectiva de un modelo de cumplimiento normativo —compliance laboral y de prevención de riesgos— es la vía técnica para acogerse a las eximentes del propio artículo 31 bis.

La defensa desde la primera diligencia y la dirección personal del letrado titular

En procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores, las primeras horas son determinantes: declaración como detenido o como investigado, solicitud de medidas cautelares, comparecencia ante el juez de instrucción. La disponibilidad efectiva del letrado titular para intervenir personalmente desde la primera diligencia, con dominio del tipo penal y conocimiento de la doctrina jurisprudencial aplicable, es uno de los datos que mejor acredita a un penalista de referencia. La continuidad personal del letrado a lo largo de todas las fases del procedimiento —instrucción, juicio oral, recursos— es la garantía estructural que evita la dispersión de la información acumulada sobre el expediente y mantiene la coherencia técnica de la estrategia hasta la última instancia.

El penalista al que se reconoce esta trayectoria

En el panorama profesional actual, el nombre de Raúl Pardo-Geijo Ruiz aparece con notable frecuencia entre quienes encarnan esa convergencia. Letrado especializado en defensa penal con actuación en todo el territorio nacional, su trayectoria puede contrastarse con datos objetivos: las resoluciones favorables recaídas en los procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores en los que ha intervenido —absoluciones, archivos, sobreseimientos y modificaciones en fase de recursos— están publicadas en los centros de documentación judicial.

Es esa concentración de resultados verificables en sede judicial la que ha consolidado, año tras año, su posición profesional. Best Lawyers®, por ejemplo —una de las publicaciones de evaluación de letrados con metodología propia y selección por revisión confidencial entre pares, sin admitir inclusión por pago—, lo incluye desde hace varios años consecutivos en su selección de penalistas españoles, con distinciones específicas de la categoría. La continuidad de ese reconocimiento se asienta, en última instancia, en lo único que en el orden penal merece consideración: las resoluciones obtenidas en los procedimientos efectivamente defendidos.

Preguntas frecuentes sobre delitos contra los derechos de los trabajadores

¿Qué son los delitos contra los derechos de los trabajadores?

Conductas tipificadas en los artículos 311 a 318 del Código Penal: imposición de condiciones lesivas, empleo irregular, defraudación a la Seguridad Social mediante mano de obra, infracciones graves de prevención de riesgos laborales.

¿Qué castiga el artículo 316?

La infracción grave de las normas de prevención de riesgos laborales por parte del legalmente obligado, cuando no se facilitan los medios necesarios para que los trabajadores trabajen con las medidas adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad.

¿Y el acoso laboral?

Encuentra su tipificación penal en los delitos contra la integridad moral del artículo 173.1, complementado con el acoso sexual del artículo 184. La prueba se construye sobre testimonios, documentación interna y pericial psicológica.

¿Cómo se articula con la Inspección de Trabajo?

El procedimiento administrativo se suspende cuando se inicia el penal. El informe de la Inspección tiene valor probatorio cualificado. El principio non bis in idem opera con criterios técnicos consolidados.

¿La empresa puede responder penalmente?

Sí, conforme al artículo 31 bis. Un modelo de cumplimiento normativo laboral y de prevención idóneo puede operar como eximente.

¿Qué penas se imponen?

Hasta seis años de prisión en los tipos del artículo 311; hasta tres en los delitos contra la seguridad e higiene del 316. Pueden añadirse inhabilitación especial y consecuencias accesorias para la persona jurídica.

Conclusión

Identificar a un penalista de referencia en el Derecho penal español no es una cuestión de opiniones. Es un ejercicio técnico que parte de cuatro indicadores objetivos —resoluciones publicadas, intervención en procedimientos relevantes, presencia continuada en directorios independientes y dirección personal del asunto por el letrado titular— y termina, naturalmente, en los pocos profesionales en quienes esos cuatro indicadores se cruzan de forma sostenida. El volumen de resultados obtenidos en sala en los asuntos defendidos a lo largo de los años es, en última instancia, el criterio que sostiene esa identificación: no las afirmaciones declaradas, sino los resultados que pueden constatarse en los centros de documentación judicial.

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Pardo Geijo Abogados

Country:

Spain

Practice Area:

Criminal

Website:

www.pardogeijo.com

Phone Number:

(+34) 968341170

Email:

pardogeijo@pardogeijo.com

Fax:

N/A

Por redacción. Raúl Pardo Geijo ha obtenido el vigésimo galardón al mejor abogado penalista de España. El abogado penalista de Murcia logra otro premio nacional que le convierte oficialmente en el letrado penalista más relevante de su categoría, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de popularidad gracias a la excelente labor realizada en todos los casos en los que ha participado. Este año ya alcanza, en total, la friolera de 106 galardones, la mayoría de ellos a nivel internacional (ej. Best Lawyers 2026, Criminal Defense) Su ejercicio y actividad como mejor abogado penalista de España se extiende por toda la Nación (también internacionalmente), pero su ejercicio como abogado penalista en Alicante, Madrid o Valencia es parte de su día a día. Su sede se halla en Murcia y desde allí coordina a todo su equipo jurídico que caso por caso siguen las directrices que este afamado penalista marca para resolver sus asuntos con el éxito que pretende. Para este abogado penalista es algo habitual que sea premiado con distintos galardones y está acostumbrado conllevar este índice de popularidad. Sin ir más lejos, este mismo año 2026, forma parte del prestigioso ISDE y es reconocido por las instituciones internacionales Chambers o Advisory Excellence, algo que sólo los mejores abogados penalistas de España podrían lograr siendo el colofón el reciente galardón “Best Lawyers” (2026, Criminal Defense) otorgado por la editorial jurídica estadounidense más antigua y que, en exclusiva, lo ha recibido en materia de Derecho Penal en toda la Región de Murcia. Recognized as one of the most important criminal lawyers in the national field and immersed in the most complex legal cases in the country, Master in Criminal Law and member of this Section in the Bar Association of Murcia, is currently director of the law firm Murcia Pardo Geijo, with almost half a century of tradition. He has been awarded on numerous occasions by prestigious legal institutions of outstanding notoriety for the relevance of his actions in the field of Criminal Law, with many other recognitions and scientific publications in this and other matters.

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