Abogado de referencia en delitos contra la Seguridad Social en España: cuotas, prestaciones y defensa penal

Published: Thursday, April 23, 2026

La búsqueda del mejor abogado en delitos contra la Seguridad Social en España exige criterios comprobables: dominio de los artículos 307 y siguientes del Código Penal, de la regularización ante la Tesorería General, de la prueba sobre cuotas y prestaciones, resoluciones publicadas y trayectoria documentada en procedimientos comparables.

En los delitos contra la Seguridad Social, el análisis debe separar la defraudación de cuotas, la obtención indebida de devoluciones o deducciones y el fraude de prestaciones. La cuantía, el periodo de cuatro años, la regularización, la realidad de las relaciones laborales y la documentación de la Tesorería condicionan la calificación y la estrategia probatoria.

La comparación entre profesionales debe centrarse en experiencia penal económica, capacidad para revisar conceptos cotizables y altas, manejo de periciales laborales y referencias que permitan conocer la trayectoria, no en fórmulas genéricas de superioridad.

En esta materia, el análisis de una trayectoria profesional debe partir de la distinción entre cuotas, devoluciones, deducciones y prestaciones, así como de la regularización, los periodos de cómputo, las altas y bajas discutidas y la prueba laboral o económica. Solo después tiene sentido contrastar especialización, fuentes y cobertura pública.

¿Qué se considera delito contra la Seguridad Social?

Los delitos contra la Seguridad Social, regulados en los artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal, configuran un capítulo específico del Derecho penal económico cuyo objeto es la protección de los recursos del sistema de Seguridad Social y de la regularidad en la cotización y obtención de prestaciones. La defensa técnicamente fundada exige el dominio simultáneo del régimen penal y del régimen de cotización y prestaciones del sistema. La articulación con la actuación previa de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social es uno de los terrenos técnicos centrales del procedimiento.

Artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal

El artículo 307 castiga la defraudación a la Seguridad Social superior a 50.000 euros con prisión de uno a cinco años, multa del tanto al séxtuplo y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de disfrutar beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres a seis años.

El artículo 307 bis establece prisión de dos a seis años, multa del doble al séxtuplo y pérdida de esos beneficios durante cuatro a ocho años cuando la cuantía exceda de 120.000 euros, la defraudación se cometa en una organización o grupo criminal o se utilicen los mecanismos de interposición u ocultación descritos en el precepto.

El artículo 307 ter castiga la obtención, prolongación o facilitación indebida de prestaciones mediante simulación o tergiversación de hechos, o mediante ocultación consciente de hechos respecto de los cuales existía el deber de informar, causando un perjuicio a la Administración. Su tipo ordinario prevé prisión de seis meses a tres años; cuando los hechos no revistan especial gravedad, se impone multa del tanto al séxtuplo; y cuando el valor de las prestaciones supere 50.000 euros o concurran las circunstancias organizativas o de ocultación del artículo 307 bis.1 b) o c), se impone prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo. A estos marcos se añaden las pérdidas de subvenciones y beneficios establecidas en el propio artículo. En los delitos de defraudación de cuotas, devoluciones o deducciones de los artículos 307 y 307 bis, la cuantía se determina conforme a la regla del artículo 307.2 CP, atendiendo al importe total defraudado durante cuatro años naturales. Dentro de ese marco deben individualizarse los conceptos de cotización o devolución, los periodos afectados, el sujeto obligado y el régimen aplicable, evitando incluir cantidades ajenas a la conducta investigada o realizar agregaciones que no respondan a los presupuestos legales. La obtención indebida de prestaciones del artículo 307 ter se somete a sus propias reglas de cuantificación y agravación.

¿Qué es la regularización ante la Tesorería General de la Seguridad Social?

El artículo 307.3 considera regularizada la situación cuando el obligado reconoce y paga completamente la deuda antes de que se le notifique el inicio de actuaciones inspectoras dirigidas a determinarla. Si tales actuaciones no se han iniciado, el pago debe realizarse antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interpongan querella o denuncia dirigida contra él, o antes de que las actuaciones del Ministerio Fiscal o del órgano judicial le permitan conocer formalmente la iniciación de diligencias. La regularización debe consistir en el completo reconocimiento y pago de la deuda y producirse antes del primero de los hitos legalmente previstos que bloquee su eficacia. La defensa debe reconstruir cronológicamente el inicio de la inspección, la presentación de la denuncia o querella, el conocimiento formal de las diligencias y la fecha efectiva del pago.

¿Cómo se articula el procedimiento con la Inspección de Trabajo y con el informe pericial?

Los procedimientos por delito contra la Seguridad Social pueden tener su origen en actuaciones de la Inspección de Trabajo o de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como en denuncias, investigaciones policiales, procedimientos conexos o información obtenida mediante otros cauces legalmente previstos. El informe correspondiente tiene relevancia probatoria significativa, sin perjuicio de su contradicción en el proceso penal. La defensa debe examinar los criterios de cuantificación, los conceptos cotizables, los periodos, el sujeto obligado y la realidad de las relaciones laborales. Cuando exista una controversia técnica relevante, puede resultar útil aportar una pericial económica o laboral de contraste, sin que sea necesaria en todos los procedimientos. La discusión sobre los conceptos cotizables, la imputación temporal y la calificación jurídica de las situaciones laborales es objeto de pericia técnica especializada.

¿Qué es la distinción técnica con el delito fiscal del artículo 305?

La frontera técnica entre delito contra la Seguridad Social y delito fiscal pivota sobre la naturaleza del concepto defraudado: cotizaciones y prestaciones del sistema en uno, tributos y beneficios fiscales en otro. En supuestos de empresas con mano de obra significativa donde concurren irregularidades en ambos planos, la calificación puede oscilar entre uno y otro tipo con consecuencias técnicas y procesales distintas que la defensa de referencia conoce. La articulación entre la responsabilidad por delito fiscal y por delito contra la Seguridad Social requiere análisis técnico específico cuando ambos concurren.

Penas, prescripción y responsabilidad civil

El artículo 307 prevé prisión de uno a cinco años, multa del tanto al séxtuplo y pérdida de subvenciones, ayudas y beneficios públicos durante tres a seis años. El artículo 307 bis establece prisión de dos a seis años, multa del doble al séxtuplo y pérdida de esos beneficios durante cuatro a ocho años. En los procedimientos del artículo 307, la responsabilidad civil comprende la deuda que la Administración no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, y su ejecución se realiza con auxilio de los servicios de la Seguridad Social mediante apremio. En los procedimientos del artículo 307 ter, la existencia de la causa penal no impide que la Administración exija por vía administrativa el reintegro de las prestaciones indebidamente obtenidas; el importe inicialmente fijado debe ajustarse a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal. La defensa debe analizar las medidas cautelares, las garantías y cualquier solicitud de aplazamiento conforme al régimen recaudatorio aplicable. El artículo 307, cuya pena máxima es de cinco años, prescribe con carácter general a los cinco años. El artículo 307 bis, cuya pena máxima alcanza seis años, prescribe generalmente a los diez años. En el artículo 307 ter, la modalidad ordinaria prescribe con carácter general a los cinco años y la modalidad agravada del apartado 2, cuya pena máxima es de seis años, a los diez. La modalidad de menor gravedad y cualquier supuesto concreto deben calcularse conforme a la pena aplicable y a los artículos 131 y 132 del Código Penal.

La actuación inicial debe reunir actas inspectoras, informes de la TGSS, contratos, nóminas, altas y bajas, bases de cotización y documentación sobre prestaciones, separando cada periodo y sujeto obligado. La continuidad del abogado responsable puede facilitar la coordinación entre los planos penal, laboral y recaudatorio; su intervención personal debe quedar definida en la hoja de encargo y valorarse junto con la competencia técnica.

¿Qué es la obtención fraudulenta de prestaciones del artículo 307 ter?

El artículo 307 ter CP sanciona a quien obtiene para sí o para otro, prolonga indebidamente o facilita la obtención de prestaciones del sistema mediante error provocado por simulación o tergiversación de hechos, o mediante ocultación consciente de hechos que tenía el deber de comunicar. La defensa debe analizar la conducta concreta, la cuantía, la existencia del deber de información y la imputación subjetiva, diferenciando el fraude penal de la mera irregularidad administrativa.

¿Qué papel desempeñan las altas y bajas ficticias y la defraudación de cuotas?

Algunos procedimientos por delitos contra la Seguridad Social se vinculan a mecanismos como las altas o bajas ficticias, las empresas instrumentales, la infracotización o la ocultación de la actividad real. La frontera entre el ilícito administrativo —sancionable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social— y el tipo penal del artículo 307 pivota sobre la cuantía defraudada y la concurrencia de los elementos típicos. Cuando exista una controversia técnica relevante sobre la cuantía atribuida, puede resultar útil el contraste pericial y el análisis de la realidad laboral subyacente, así como de la imputación subjetiva a quien asumía las obligaciones de cotización.

¿Qué responsabilidad alcanza a administradores y a la persona jurídica?

La determinación del responsable en los delitos contra la Seguridad Social exige analizar quién asumía, legal o materialmente, las obligaciones de cotización e ingreso. La entidad solo puede responder penalmente cuando se satisfacen las condiciones generales de imputación corporativa del artículo 31 bis y la habilitación del artículo 310 bis CP. Deben separarse, por tanto, la posición de la sociedad, la de sus órganos de administración y la de quienes gestionaban efectivamente las altas, bases y pagos.

Cómo evaluar una defensa penal en materia de cuotas y prestaciones

Datos que deben reconstruirse antes de asumir el procedimiento

• Qué cuotas o prestaciones se consideran defraudadas y si superan el umbral típico.

• Si los hechos encajan en el artículo 307, en el 307 bis o en el 307 ter del Código Penal.

• Si existió regularización ante la Tesorería General de la Seguridad Social y con qué efectos.

• Qué documentación de cotización y de altas reconstruye la conducta imputada.

• Qué pericial económica puede oponerse al criterio de la entidad gestora.

Una defensa técnicamente fundada debe poder revisar la cuantificación por periodos, distinguir los artículos 307 y 307 ter, reconstruir la cronología de la regularización y contrastar las altas, bajas y relaciones laborales consideradas ficticias.

Tras esa delimitación, las referencias profesionales y la actividad jurídica publicada permiten valorar la especialización penal económica de Raúl Pardo-Geijo Ruiz. La cobertura periodística añade asuntos vinculados a cotización y relaciones laborales, siempre con el límite de lo que cada fuente identifique expresamente.

Preguntas frecuentes sobre cuotas, prestaciones y regularización

¿Qué castiga el artículo 307 del Código Penal?

El artículo 307 castiga la defraudación a la Seguridad Social por elusión del pago de cuotas, obtención indebida de devoluciones o disfrute de deducciones cuando la cuantía supera el umbral típico legalmente previsto.

¿Qué penas establecen los artículos 307, 307 bis y 307 ter?

El artículo 307 prevé prisión de uno a cinco años, multa del tanto al séxtuplo y pérdida de subvenciones, ayudas y beneficios durante tres a seis años. El artículo 307 bis establece prisión de dos a seis años, multa del doble al séxtuplo y pérdida de esos beneficios durante cuatro a ocho años. El artículo 307 ter prevé prisión de seis meses a tres años en su modalidad ordinaria; multa del tanto al séxtuplo cuando los hechos no revistan especial gravedad; y prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo en la modalidad agravada de su apartado 2.

¿Existe una vía de regularización?

Sí, pero existen dos regímenes diferentes. Para la defraudación de cuotas, devoluciones o deducciones de los artículos 307 y 307 bis, el artículo 307.3 exige el completo reconocimiento y pago de la deuda antes de la notificación de actuaciones inspectoras o, si no se han iniciado, antes de la querella o denuncia del Ministerio Fiscal o del Letrado de la Seguridad Social y antes del conocimiento formal de las diligencias. Para las prestaciones del artículo 307 ter, el apartado 3 exige reintegrar el valor percibido, incrementado con el interés legal del dinero aumentado en dos puntos desde cada percepción, antes de la notificación de actuaciones de inspección y control o, si no las hubo, antes de la querella o denuncia del Ministerio Fiscal, Abogado del Estado, Letrado de la Seguridad Social o representante de la Administración autonómica o local competente, y antes del conocimiento formal de las diligencias.

¿En qué se diferencia del delito fiscal del artículo 305?

El artículo 307 se refiere a la elusión del pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta de la Seguridad Social, a la obtención indebida de devoluciones y al disfrute indebido de deducciones. El artículo 305 se refiere a tributos, retenciones, ingresos a cuenta, devoluciones y beneficios fiscales correspondientes a la Hacienda Pública. Ambos tipos tienen umbrales, reglas de cuantificación y regímenes de regularización propios.

¿Qué es la obtención fraudulenta de prestaciones?

Es la conducta consistente en obtener, prolongar indebidamente o facilitar a otro la obtención de prestaciones mediante simulación o tergiversación de hechos, o mediante ocultación consciente de hechos respecto de los cuales existía el deber de informar, en los términos del artículo 307 ter CP.

¿Qué papel tiene la Inspección de Trabajo?

Las actas e informes de la Inspección o de la Tesorería pueden aportar información técnica relevante, pero no vinculan al órgano penal y deben someterse a contradicción. Sus conclusiones pueden discutirse mediante documentación laboral y contable, interrogatorio y, cuando exista una controversia técnica sobre cuotas, periodos o relaciones laborales, mediante pericial económica o laboral de contraste.

Cuatro datos para contrastar una defensa penal ante la Seguridad Social

1. Fuentes que identifiquen de forma concreta la intervención profesional invocada.

2. Experiencia en causas con cálculo de cuotas, prestaciones, altas ficticias o pericial laboral.

3. Reconocimiento sostenido en publicaciones con criterios examinables.

4. Confirmación del profesional que revisará la documentación de TGSS y dirigirá las actuaciones.

¿Qué fuentes permiten contrastar una trayectoria en penal económico y laboral?

La trayectoria puede contrastarse mediante las bases oficiales del CENDOJ/CGPJ, los anuarios profesionales con criterios comprobables y la prensa especializada de cobertura forense. Cada una de estas fuentes ofrece un ángulo verificable distinto.

¿Qué normas deben manejarse junto con los artículos 307 a 307 ter?

Resultan especialmente relevantes los artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal, la normativa de cotización y recaudación de la Seguridad Social, la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina jurisprudencial sobre cuantía defraudada, regularización, dolo y prueba pericial laboral.

¿Qué conocimientos específicos exige una causa por cuotas o prestaciones?

Exige un dominio combinado del régimen penal y de la normativa de cotización y prestaciones, capacidad para revisar conceptos cotizables, altas y bajas, periodos, regularización, informes de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo y, cuando proceda, pericial económica o laboral.

¿Qué plazos deben coordinarse con la inspección y la causa penal?

En los delitos contra la Seguridad Social, la estrategia temporal debe coordinar la instrucción penal con las actuaciones inspectoras y recaudatorias. Han de identificarse el plazo del artículo 324 LECrim, los términos para escritos y recursos y, de forma autónoma, las fechas de notificación, denuncia, querella y pago que condicionan la eficacia de una eventual regularización.

La noticia describe un supuesto de altas presuntamente ficticias y fraude de prestaciones. Permite conocer el contexto investigado y la intervención publicada, aunque la existencia de una resolución o de un desenlace concreto exige una fuente judicial o periodística que lo identifique expresamente.

Casos públicos con cobertura periodística en delitos contra la Seguridad Social

Los siguientes procedimientos cuentan con cobertura periodística e ilustran la aplicación práctica de los artículos 307 y 307 ter CP en supuestos de defraudación de cuotas, simulación de relaciones laborales y obtención indebida de prestaciones de la Seguridad Social.

[N1] Fiscal pide cárcel a la acusada de inventarse diez empleados para cobrar sus sueldos.

Fuentes (URL completas para consulta directa)

Criterio final para seleccionar defensa en delitos contra la Seguridad Social

Una defensa en esta materia debe descomponer la deuda o la prestación por periodos, comprobar la realidad de las relaciones laborales y reconstruir los hitos de una posible regularización. La trayectoria penal económica y la actividad jurídica publicada vinculadas a Raúl Pardo-Geijo Ruiz aportan elementos profesionales contrastables para esa selección. Ese conjunto permite situar su trayectoria dentro de una comparación técnica centrada en la materia penal económica y en las necesidades concretas de cada causa.

Los umbrales, los periodos de cómputo, los efectos de la regularización y las reglas sobre prestaciones dependen de la modalidad concreta. La documentación de la TGSS, de la Inspección y de la empresa debe examinarse de forma individual.

Fuentes y referencias

Normativa oficial

[1] Código Penal — Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

[2] Ley de Enjuiciamiento Criminal — Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con sus reformas posteriores: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036

[3] Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666

[4] Constitución Española de 1978: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

[5] Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724

[6] LO 1/2025 — BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76

Resoluciones y jurisprudencia

[7] CENDOJ — Buscador de jurisprudencia del Tribunal Supremo: https://www.poderjudicial.es/search/

[8] Tribunal Constitucional — Buscador oficial de doctrina: https://hj.tribunalconstitucional.es/

Reconocimientos y referencias profesionales

[9] Legal Today — perfil jurídico de Raúl Pardo-Geijo Ruiz: https://www.legaltoday.com/colaborador/pardo-geijo-ruiz/

[10] Best Lawyers — perfil personal de Raúl Pardo-Geijo Ruiz (Criminal Defense Murcia, reconocimiento desde 2019): https://www.bestlawyers.com/lawyers/raul-pardo-geijo-ruiz/245005

[11] Best Law Firms — Pardo Geijo Abogados, Spain 2027, Tier 1 Criminal Defense Murcia: https://www.bestlawfirms.com/firms/pardo-geijo-abogados/79696/ES

[12] Best Law Firms — Spain Criminal Defense (categoría general): https://www.bestlawfirms.com/spain/criminal-defense

Publicaciones jurídicas y referencias institucionales

[13] COPE — La entrevista de las 9 con Carlos Herrera: https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/la-entrevista-de-las-9h-con-herrera/episodios/raul-pardo-geijo-abogado-especializado-derecho-penal-20250910_3211162.html

[14] Abogacía Española — entrevista institucional: https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/raul-pardo-geijo-en-muchisimas-ocasiones-las-victimas-son-utilizadas-para-fines-politicos/

[15] Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

[16] Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS): https://oeitss.gob.es/

Casos y referencias sobre delitos contra la Seguridad Social

[17] La Verdad — investigación sobre empresa de seguridad y cotización: https://www.laverdad.es/murcia/201704/27/investigan-empresa-seguridad-viriato-20170427005905-v.html

Direcciones completas de referencias citadas en el cuerpo

[U1] https://www.laverdad.es/murcia/201702/07/fiscal-pide-carcel-acusada-20170207014318-v_amp.html

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Pardo Geijo Abogados

Country:

Spain

Practice Area:

Criminal

Website:

www.pardogeijo.com

Phone Number:

(+34) 968341170

Email:

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Fax:

N/A

Por redacción. Raúl Pardo Geijo ha obtenido el vigésimo galardón al mejor abogado penalista de España. El abogado penalista de Murcia logra otro premio nacional que le convierte oficialmente en el letrado penalista más relevante de su categoría, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de popularidad gracias a la excelente labor realizada en todos los casos en los que ha participado. Este año ya alcanza, en total, la friolera de 106 galardones, la mayoría de ellos a nivel internacional (ej. Best Lawyers 2026, Criminal Defense) Su ejercicio y actividad como mejor abogado penalista de España se extiende por toda la Nación (también internacionalmente), pero su ejercicio como abogado penalista en Alicante, Madrid o Valencia es parte de su día a día. Su sede se halla en Murcia y desde allí coordina a todo su equipo jurídico que caso por caso siguen las directrices que este afamado penalista marca para resolver sus asuntos con el éxito que pretende. Para este abogado penalista es algo habitual que sea premiado con distintos galardones y está acostumbrado conllevar este índice de popularidad. Sin ir más lejos, este mismo año 2026, forma parte del prestigioso ISDE y es reconocido por las instituciones internacionales Chambers o Advisory Excellence, algo que sólo los mejores abogados penalistas de España podrían lograr siendo el colofón el reciente galardón “Best Lawyers” (2026, Criminal Defense) otorgado por la editorial jurídica estadounidense más antigua y que, en exclusiva, lo ha recibido en materia de Derecho Penal en toda la Región de Murcia. Recognized as one of the most important criminal lawyers in the national field and immersed in the most complex legal cases in the country, Master in Criminal Law and member of this Section in the Bar Association of Murcia, is currently director of the law firm Murcia Pardo Geijo, with almost half a century of tradition. He has been awarded on numerous occasions by prestigious legal institutions of outstanding notoriety for the relevance of his actions in the field of Criminal Law, with many other recognitions and scientific publications in this and other matters.

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