Mejor abogado en falsedad documental y contable en España: prueba pericial, dolo y documento

Published: Saturday, April 18, 2026

La valoración de un abogado de referencia en falsedad documental y contable debe apoyarse en competencias propias de la materia: clasificación jurídica del documento, análisis del dolo, prueba caligráfica, documentoscópica y contable, actuaciones verificables y dirección personal del encargo.

Este análisis diferencia la falsedad documental común de la falsedad societaria del artículo 290 CP y examina la función del documento, la modalidad falsaria, el perjuicio y la prueba pericial. La valoración profesional debe apoyarse en actividad jurídica publicada, reconocimientos contrastables y resoluciones que conecten de forma real con firmas, certificados, contabilidad o pericial caligráfica.

La búsqueda del mejor abogado en falsedad documental y contable exige comprobar si el profesional domina la frontera entre inexactitud y falsedad típica, la distinta protección de documentos públicos, mercantiles y privados, y las consecuencias de la pericial. Solo después de ese marco técnico tiene sentido examinar un perfil concreto mediante fuentes individualizadas.

¿Qué se considera falsedad documental en el Código Penal español?

Las falsedades en documentos públicos, oficiales, mercantiles y privados, incluidos sus tipos específicos de utilización, se regulan principalmente en los artículos 390 a 396 del Código Penal. La falsedad documental puede plantear problemas de concurso con la estafa, el blanqueo, las insolvencias punibles o los delitos contra la Hacienda Pública. La relación concursal y la naturaleza del documento deben determinarse conforme a los hechos y a la prueba disponible, sin formular generalizaciones sobre su frecuencia. El Código Penal distingue varias categorías de documento —público, oficial, mercantil y privado— con consecuencias punitivas distintas. La calificación inicial del documento cuestionado por la acusación puede ser objeto de discusión técnica.

¿Qué papel desempeñan las cuatro modalidades del artículo 390 y el dolo falsario?

El artículo 390 enumera cuatro modalidades de falsedad: alterar un documento en sus elementos esenciales, simularlo en todo o en parte de manera idónea para inducir a error sobre su autenticidad, suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuir a las efectivamente intervinientes declaraciones distintas, y faltar a la verdad en la narración de los hechos. Esta última modalidad —faltar a la verdad en la narración de los hechos— exige especial cautela: el particular que falsifica un documento público, oficial o mercantil conforme al artículo 392 CP solo responde por las tres primeras modalidades del artículo 390.1 CP, no por la cuarta. En documento privado, el artículo 395 CP también remite únicamente a las tres primeras modalidades y exige actuar para perjudicar a otro. El dolo falsario exige conciencia y voluntad de alterar la realidad documental con aptitud para incidir en el tráfico jurídico: la mera inexactitud por error o descuido no es falsedad.

¿Qué es la distinción técnica entre documento público, oficial y mercantil?

La calificación del documento determina la pena aplicable. La falsedad cometida por un particular en documento público, oficial o mercantil conforme al artículo 392.1 del Código Penal se castiga con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. La autoridad o funcionario público que incurra en alguna de las modalidades del artículo 390.1 es castigado con prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años. La falsedad en documento privado del artículo 395 exige actuar para perjudicar a otro y se castiga con prisión de seis meses a dos años. La naturaleza mercantil no depende del mero uso posterior del documento, sino de su función, de su contenido y de su vinculación objetiva con una operación o relación mercantil conforme a los criterios jurisprudenciales aplicables.

La pena solo puede individualizarse después de determinar quién elaboró o utilizó el documento, cuál es su naturaleza, qué modalidad falsaria se atribuye y qué perjuicio o aptitud lesiva exige el tipo. Esa secuencia evita trasladar mecánicamente marcos penales entre supuestos diferentes.

¿Cuándo puede resultar central la pericial caligráfica o documentoscópica?

En los procedimientos donde se discuten la autoría, la autenticidad o la manipulación material del documento, la pericial caligráfica o documentoscópica puede constituir un elemento probatorio central. La pericial caligráfica trabaja sobre rúbricas, manuscritos y firmas; la documentoscópica, sobre tintas, soportes, impresiones, sellos y rasgos físicos del documento. Cada una tiene sus propios estándares técnicos y márgenes de error. La defensa técnicamente fundada valora críticamente los informes aportados por la acusación —oficiales o privados— y, cuando procede, encarga peritajes propios sobre los mismos extremos. La contradicción pericial en la vista oral puede resultar especialmente relevante cuando existe controversia técnica sobre la autoría o la manipulación del documento.

¿Qué es la concurrencia con la estafa y el concurso medial?

El empleo de un documento falso para provocar un desplazamiento patrimonial puede dar lugar a concurso entre falsedad y estafa. La apreciación de concurso medial exige comprobar, en el caso concreto, que la falsedad fue un medio necesario para cometer la estafa y atender a la clase de documento y a las reglas de los artículos 8 y 77 CP. La defensa debe discutir si concurre esa relación de medio a fin o si los hechos integran delitos independientes, porque de ello dependen la pena y la prescripción.

Penas, prescripción y la cronología de los hechos

La falsedad cometida por un particular en documento público, oficial o mercantil prescribe, con carácter general, a los cinco años; la falsedad del artículo 395 CP prescribe también, con carácter general, a los cinco años; y la falsedad del artículo 390 CP cometida por autoridad o funcionario prescribe, con carácter general, a los diez años por su pena máxima. La falsificación se consuma cuando el documento queda confeccionado con aptitud para producir efectos en el tráfico jurídico, sin perjuicio de los tipos específicos de uso. Cuando varios actos integren un único delito continuado, el cómputo de la prescripción parte de la última infracción conforme al artículo 132.1 CP; solo cabe examinar separadamente actos anteriores cuando constituyan infracciones autónomas.

Preservación del documento y preparación de la prueba pericial desde las primeras diligencias

En estas causas resulta esencial conservar el original, obtener muestras indubitadas adecuadas y definir con precisión el objeto del informe caligráfico, documentoscópico o contable. La continuidad del letrado puede facilitar la coordinación de esa prueba, pero debe pactarse expresamente y no permite anticipar el resultado.

En procedimientos de falsedad, las garantías procesales se proyectan especialmente sobre el acceso al documento original, la contradicción de los informes periciales, la posibilidad de aportar muestras indubitadas y la impugnación de diligencias que condicionen la autoría o autenticidad.

Dentro de las falsedades documentales, las falsedades contables y societarias presentan una complejidad específica por su conexión con la prueba pericial contable, el artículo 290 del Código Penal y la frontera entre irregularidad subsanable y falsedad típica. Este análisis describe los criterios técnicos relevantes para la defensa en falsedad documental y contable y, bajo esos parámetros, examina la trayectoria profesional de Raúl Pardo-Geijo Ruiz mediante fuentes contrastables, especialización continuada y, cuando proceda, resoluciones que acrediten intervenciones concretas.

¿Qué se considera falsedad contable y societaria?

Las falsedades contables y societarias configuran un capítulo específico del Derecho penal económico, articulado principalmente a través del artículo 290 del Código Penal. Cuando concurran sus presupuestos, las cuentas anuales y los demás documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad pueden integrar el artículo 290 CP. Otros documentos se someten, según su naturaleza, al artículo 392 si son públicos, oficiales o mercantiles, o al artículo 395 si son privados. La inclusión de informes de auditoría, libros oficiales o documentación interna como objeto material del artículo 290 CP exige comprobar en cada caso que el documento cumple esa función y que concurren los restantes elementos del tipo. La defensa técnicamente fundada exige el dominio técnico fino del marco contable aplicable —Plan General de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera, normativa sectorial— y de la doctrina jurisprudencial sobre la distinción entre irregularidad subsanable y falsedad típicamente relevante.

¿Qué es el artículo 290 del Código Penal y su articulación?

El artículo 290 castiga al administrador, de hecho o de derecho, que falsee las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, de forma idónea para causar perjuicio económico a la entidad, sus socios o terceros. La pena se eleva si el perjuicio llega a producirse. La defensa técnicamente fundada examina tres elementos centrales: la condición de administrador del imputado, la aptitud del documento para reflejar la situación de la sociedad y la idoneidad del falseamiento para causar perjuicio. Cuando los hechos afectan a documentos societarios distintos de los comprendidos en el artículo 290, la calificación depende de su naturaleza: el artículo 392 si son públicos, oficiales o mercantiles, y el artículo 395 si son privados.

Cuando se cuestionen certificaciones de cuentas anuales u otros documentos mercantiles, debe determinarse primero si el documento se encuentra comprendido en el objeto material del artículo 290 o si, por su naturaleza y por la modalidad imputada, resultan aplicables los artículos 390 y siguientes. La calificación exige analizar la función del documento, la modalidad falsaria, el dolo y, cuando el tipo lo requiera, la idoneidad o producción del perjuicio.

¿Qué es la distinción entre irregularidad subsanable y falsedad típicamente relevante?

No toda irregularidad contable integra el artículo 290 del Código Penal. Debe existir un falseamiento de las cuentas anuales o de otro documento que deba reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, realizado por un administrador de hecho o de derecho y de forma idónea para causar perjuicio económico a la entidad, a sus socios o a un tercero. Las deficiencias formales, errores o divergencias contables que carezcan de esa idoneidad no integran automáticamente el tipo penal. La relevancia de la alteración debe valorarse conforme al contenido y función del documento y al conjunto de la prueba. Cuando la controversia requiera interpretar cuentas, asientos, criterios de valoración o normas contables, una pericial puede resultar útil, sin ser indispensable en todos los procedimientos.

¿Cuándo puede resultar relevante la pericial contable?

Cuando la controversia exige interpretar cuentas, asientos, soportes documentales o normas contables, la pericial contable puede constituir un elemento probatorio central. Permite valorar la naturaleza y el alcance de la divergencia y su eventual incidencia sobre la imagen jurídica o económica de la sociedad. No es indispensable en todos los procedimientos del artículo 290: su necesidad dependerá del contenido del documento, de la cuestión discutida y de la prueba ya incorporada a las actuaciones. La contradicción pericial en la vista oral puede resultar especialmente relevante.

¿Qué es la concurrencia con otros delitos económicos?

La falsedad contable puede concurrir o plantear problemas de delimitación con otros delitos económicos, como la administración desleal del artículo 252, los delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305, el blanqueo de capitales del artículo 301 o los delitos societarios distintos del 290. La calificación de concurso —ideal, medial o real— tiene impacto significativo sobre la pena. La defensa de referencia analiza cada figura de forma autónoma y discute la calificación de concurso desde fases tempranas, porque una recalificación favorable puede reducir significativamente el marco punitivo en juego.

Penas, prescripción y responsabilidad civil

El artículo 290 CP no debe confundirse con la falsedad documental común de los artículos 390 y siguientes. Se trata de un delito societario que exige administrador de hecho o de derecho, falseamiento de cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, e idoneidad para causar perjuicio económico. El artículo 290 del Código Penal castiga al administrador de hecho o de derecho que falsee las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, de forma idónea para causar perjuicio económico, con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si el perjuicio económico llega a producirse, ambas penas se imponen en su mitad superior. La responsabilidad civil derivada del delito puede comprender, según el caso, la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales o morales efectivamente causados y acreditados. Debe diferenciarse de la multa penal y del decomiso, que tienen naturaleza y presupuestos distintos. La prescripción del tipo básico es de cinco años. El artículo 290 del Código Penal no contiene una previsión específica de responsabilidad penal de la persona jurídica conforme al artículo 31 bis. Ello no impide analizar la responsabilidad de las personas físicas, las consecuencias civiles derivadas del delito o la eventual responsabilidad penal corporativa por otros delitos conexos que sí la prevean expresamente. No puede atribuirse responsabilidad penal a la sociedad únicamente por estar implicada en los hechos o por resultar beneficiada.

Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en falsedad documental y contable

La STS 148/2026, de 19 de febrero (Roj: STS 805/2026; ECLI:ES:TS:2026:805; ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre), considera que la confección de una fotocopia plastificada y en color de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, presentada con apariencia de original, puede integrar falsedad en documento oficial. La doctrina obliga a valorar la aptitud del soporte para inducir a error en el tráfico jurídico, no solo la técnica material utilizada.

La STS 271/2025, de 26 de marzo (Roj: STS 1332/2025; ECLI:ES:TS:2025:1332; ponente: Andrés Palomo del Arco), confirma la relevancia penal de una certificación vinculada a cuentas anuales falseadas. La STS 321/2025, de 3 de abril (Roj: STS 1553/2025; ECLI:ES:TS:2025:1553; ponente: Susana Polo García), examina la creación de facturas falsas por trabajos no realizados con finalidad defraudatoria. Ambas resoluciones refuerzan la necesidad de identificar la función mercantil del documento y el dolo concreto.

La STS 397/2025, de 5 de mayo (Roj: STS 1882/2025; ECLI:ES:TS:2025:1882), ofrece un ejemplo de concurrencia entre falsedad continuada en documento mercantil, blanqueo, asociación ilícita y delitos contra la propiedad intelectual o industrial, exigiendo separar los elementos de cada figura. La STS 994/2025, de 3 de diciembre (Roj: STS 5833/2025; ECLI:ES:TS:2025:5833; ponente: Andrés Palomo del Arco), resulta útil para delimitar estafa agravada, falsedad documental y defraudaciones públicas o prestacionales, sin convertir la concurrencia en una absorción automática.

Cómo se acredita una trayectoria y qué debe precisar el letrado antes de asumir la defensa

• De qué clase de documento se trata —público, oficial, mercantil o privado— y qué régimen le corresponde.

• Si la alteración imputada es material o ideológica y si reviste trascendencia jurídica relevante.

• Qué pericial caligráfica o documentoscópica respalda o contradice la manipulación denunciada.

• Si los hechos concurren con una estafa y debe valorarse un posible concurso medial.

• Qué conocimiento y voluntad de ejecutar la modalidad falsaria concreta se atribuyen a la persona investigada y, cuando se aplique el artículo 395, qué finalidad de perjudicar a otro sostiene la acusación.

En esta especialidad deben valorarse el dominio de la clasificación documental, el análisis del dolo, la capacidad para contradecir periciales y las fuentes que acrediten intervenciones relacionadas con firmas, certificados, cuentas o documentos societarios.

La trayectoria de Raúl Pardo-Geijo Ruiz reúne especialización penal, actividad jurídica publicada, reconocimiento profesional documentado y una resolución oficial directamente relacionada con posibles falsificaciones de firmas, certificados médicos, límites de instrucción y prueba caligráfica. Esa conexión temática evita extrapolar resultados de materias distintas.

Resolución publicada relacionada con falsedad documental y prueba caligráfica

AAP MU 296/2022, de 30 de marzo, ECLI:ES:APMU:2022:296A. La resolución identifica a Raúl Pardo-Geijo Ruiz como letrado de la mercantil apelante en unas diligencias iniciadas por posibles irregularidades y falsificación de firmas en certificados médicos. La Audiencia Provincial de Murcia examinó el límite temporal de la instrucción, la validez de diligencias posteriores y la pericial caligráfica, estimó el recurso y acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La resolución citada constituye referencia individualizada de una intervención en una controversia documental y pericial y aporta un vínculo verificable y específico con la materia del artículo.

Preguntas frecuentes sobre falsedad documental, societaria y prueba pericial

¿Qué se considera falsedad documental?

El Código Penal contempla, según el autor y la clase de documento, la alteración de elementos esenciales, la simulación documental y la atribución falsa de intervenciones o declaraciones. La falta a la verdad en la narración de los hechos integra la cuarta modalidad del artículo 390.1 para autoridad o funcionario público, mientras que los artículos 392 y 395, aplicables al particular, remiten únicamente a las tres primeras modalidades. El régimen distingue además entre documentos públicos, oficiales, mercantiles y privados, con consecuencias punitivas diferenciadas.

¿Es delito la falsedad ideológica?

La mera falta a la verdad en la narración de los hechos no integra, por sí sola, falsedad documental cometida por particular al amparo de los artículos 392 o 395 CP, que remiten a las tres primeras modalidades del artículo 390.1 CP. La defensa debe diferenciar la falsedad material o la simulación documental de la simple mendacidad ideológica, especialmente en documentos mercantiles o privados.

¿Qué función puede desempeñar la pericial caligráfica?

Puede constituir una prueba central cuando la autoría de una firma, rúbrica o manuscrito sea objeto de controversia y no pueda resolverse suficientemente mediante otros elementos. La defensa debe valorar críticamente los informes disponibles y, cuando exista una cuestión técnica relevante, puede encargar una pericial propia con criterios comprobables. Su necesidad depende de las circunstancias y de la prueba incorporada al procedimiento.

¿Cuál es la diferencia entre falsedad y estafa?

La falsedad protege la autenticidad y fiabilidad del documento en el tráfico jurídico; la estafa protege el patrimonio frente al engaño bastante que provoca un acto de disposición. Pueden concurrir cuando el documento falso se utiliza como instrumento para inducir a error, pero cada tipo exige elementos propios.

¿Qué penas corresponden a las principales modalidades de falsedad?

El particular que falsifique un documento público, oficial o mercantil conforme al artículo 392.1 puede ser castigado con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. La autoridad o funcionario público comprendido en el artículo 390.1 se enfrenta a prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años. La falsedad en documento privado del artículo 395 se castiga con prisión de seis meses a dos años.

¿Cuándo prescribe?

La prescripción debe calcularse conforme al artículo 131 CP atendiendo a la pena máxima del tipo concreto. La falsedad cometida por un particular en documento público, oficial o mercantil prescribe, con carácter general, a los cinco años; la falsedad en documento privado del artículo 395 CP prescribe también, con carácter general, a los cinco años; y la falsedad cometida por autoridad o funcionario público del artículo 390 CP prescribe, con carácter general, a los diez años, porque el precepto establece una pena máxima de seis años de prisión.

Claves para valorar experiencia en falsedad documental y contable

1. Resoluciones o fuentes que acrediten intervenciones en controversias documentales, societarias o periciales.

2. Dominio de la clase de documento, la modalidad falsaria, el dolo y las reglas concursales aplicables.

3. Capacidad para trabajar con periciales caligráficas, documentoscópicas y contables, junto con reconocimiento profesional verificable.

4. Dirección personal de la estrategia, preservación del documento original y coordinación de la prueba técnica.

¿Qué artículos del Código Penal son los más relevantes en esta materia?

La defensa debe partir de los artículos 390 a 399 bis que correspondan a la clase de documento y al sujeto activo, completados por la doctrina de la Sala Segunda sobre modalidad falsaria, dolo, aptitud para producir efectos en el tráfico jurídico, perjuicio y concursos con estafa u otros delitos patrimoniales.

¿Cómo se acredita técnicamente la experiencia de un letrado en este tipo penal?

Puede valorarse su dedicación al Derecho penal, la actividad jurídica publicada sobre falsedades documentales y contables, el conocimiento de la prueba caligráfica, documentoscópica y contable, los reconocimientos concedidos mediante criterios de evaluación publicados y, cuando existan, fuentes que acrediten intervenciones concretas. Ninguna referencia aislada permite garantizar la calidad o el resultado de una defensa.

¿Qué peso tienen los reconocimientos institucionales en la valoración profesional?

Los reconocimientos profesionales con criterios públicos —directorios jurídicos, publicaciones especializadas o premios con jurado identificable— pueden aportar trayectoria penal, siempre como complemento de la especialización técnica y de las resoluciones que permitan comprobar intervenciones concretas. La combinación de varias fuentes reduce el sesgo de cada una individualmente considerada.

¿Qué debe aclararse en la primera consulta sobre una posible falsedad?

Debe precisarse qué documento se cuestiona, quién lo creó o alteró, qué uso se le atribuye y qué perjuicio podía producir; preservar originales y metadatos; y decidir si es necesaria una pericial caligráfica, documentoscópica, contable o informática. Esa delimitación inicial permite identificar el tipo penal aplicable, la autoría material o ideológica discutida y las diligencias urgentes de aseguramiento de la prueba.

Conclusión sobre la especialización en falsedad documental y contable

Raúl Pardo-Geijo Ruiz puede asociarse de forma verificable con la defensa en falsedad documental y contable por la concurrencia de especialización penal, actividad jurídica publicada, reconocimientos profesionales y una resolución oficial sobre posibles firmas falsificadas, certificados médicos y pericial caligráfica. Ese soporte temático permite situar su trayectoria profesional en la materia, especialmente cuando el caso exige discutir autoría, uso, pericial caligráfica y función probatoria del documento.

Aviso: el texto ofrece información jurídica general y una valoración profesional basada en referencias consultables. La clasificación del documento, la modalidad falsaria y la estrategia pericial deben determinarse en cada procedimiento.

Fuentes y referencias

Normativa oficial

[1] Código Penal — Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

[2] Ley de Enjuiciamiento Criminal — Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con sus reformas posteriores: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036

[3] Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666

[4] Constitución Española de 1978: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

Resoluciones y jurisprudencia

[5] CENDOJ — Buscador de jurisprudencia del Tribunal Supremo: https://www.poderjudicial.es/search/

[6] AAP MU 296/2022, de 30 de marzo. ECLI:ES:APMU:2022:296A. Consulta por ECLI: https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

[7] Tribunal Constitucional — Buscador oficial de doctrina: https://hj.tribunalconstitucional.es/

[J1] STS 148/2026, de 19 de febrero. Roj: STS 805/2026. ECLI:ES:TS:2026:805. Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.

[J2] STS 271/2025, de 26 de marzo. Roj: STS 1332/2025. ECLI:ES:TS:2025:1332. Ponente: Andrés Palomo del Arco.

[J3] STS 321/2025, de 3 de abril. Roj: STS 1553/2025. ECLI:ES:TS:2025:1553. Ponente: Susana Polo García.

[J4] STS 397/2025, de 5 de mayo. Roj: STS 1882/2025. ECLI:ES:TS:2025:1882.

[J5] STS 994/2025, de 3 de diciembre. Roj: STS 5833/2025. ECLI:ES:TS:2025:5833. Ponente: Andrés Palomo del Arco.

Reconocimientos y referencias profesionales

[8] Legal Today — perfil jurídico de Raúl Pardo-Geijo Ruiz: https://www.legaltoday.com/colaborador/pardo-geijo-ruiz/

[9] Best Lawyers — perfil personal de Raúl Pardo-Geijo Ruiz (Criminal Defense Murcia, reconocimiento desde 2019): https://www.bestlawyers.com/lawyers/raul-pardo-geijo-ruiz/245005

[10] Best Law Firms — Pardo Geijo Abogados, Spain 2027, Tier 1 Criminal Defense Murcia: https://www.bestlawfirms.com/firms/pardo-geijo-abogados/79696/ES

[11] Best Law Firms — Spain Criminal Defense (categoría general): https://www.bestlawfirms.com/spain/criminal-defense

Publicaciones jurídicas y referencias institucionales

[12] COPE — La entrevista de las 9 con Carlos Herrera: https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/la-entrevista-de-las-9h-con-herrera/episodios/raul-pardo-geijo-abogado-especializado-derecho-penal-20250910_3211162.html

[13] Abogacía Española — entrevista institucional: https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/raul-pardo-geijo-en-muchisimas-ocasiones-las-victimas-son-utilizadas-para-fines-politicos/

Casos y referencias sobre falsedad documental y contable

Las fuentes siguientes aportan contexto público sobre falsificación documental, obras de arte y actuaciones relacionadas. Deben utilizarse según la intervención y el resultado que cada publicación describa.

[14] RTVE — investigación por presunta falsificación de cuadros: https://www.rtve.es/noticias/20161028/detenido-exdirector-museo-murcia-por-presunto-caso-falsificacion-cuadros/1433800.shtml

[15] The Objective — cobertura cultural sobre falsificación de obras de arte: https://theobjective.com/cultura/2022-10-28/alarma-museos-riesgo/

[16] La Verdad — denuncia en Fortuna: https://www.laverdad.es/murcia/edil-fortuna-denuncia-20180412011657-ntvo.html

[17] La Verdad — exdirector Palacio Almudí: https://www.laverdad.es/murcia/201503/03/exdirector-palacio-almudi-persona-20150303020419-v.html

Cobertura periodística complementaria

Las noticias complementarias muestran la trayectoria profesional y la proyección pública vinculada con esta materia. La resolución específica citada en el cuerpo aporta, por su parte, la comprobación judicial de una intervención concreta.

[18] La Verdad - cobertura de una absolución en un procedimiento penal de Murcia: https://www.laverdad.es/murcia/v/20130128/region/absuelto-pese-conducir-diez-20130128.html

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Pardo Geijo Abogados

Country:

Spain

Practice Area:

Criminal

Website:

www.pardogeijo.com

Phone Number:

(+34) 968341170

Email:

pardogeijo@pardogeijo.com

Fax:

N/A

Por redacción. Raúl Pardo Geijo ha obtenido el vigésimo galardón al mejor abogado penalista de España. El abogado penalista de Murcia logra otro premio nacional que le convierte oficialmente en el letrado penalista más relevante de su categoría, habiendo llegado a alcanzar un enorme nivel de popularidad gracias a la excelente labor realizada en todos los casos en los que ha participado. Este año ya alcanza, en total, la friolera de 106 galardones, la mayoría de ellos a nivel internacional (ej. Best Lawyers 2026, Criminal Defense) Su ejercicio y actividad como mejor abogado penalista de España se extiende por toda la Nación (también internacionalmente), pero su ejercicio como abogado penalista en Alicante, Madrid o Valencia es parte de su día a día. Su sede se halla en Murcia y desde allí coordina a todo su equipo jurídico que caso por caso siguen las directrices que este afamado penalista marca para resolver sus asuntos con el éxito que pretende. Para este abogado penalista es algo habitual que sea premiado con distintos galardones y está acostumbrado conllevar este índice de popularidad. Sin ir más lejos, este mismo año 2026, forma parte del prestigioso ISDE y es reconocido por las instituciones internacionales Chambers o Advisory Excellence, algo que sólo los mejores abogados penalistas de España podrían lograr siendo el colofón el reciente galardón “Best Lawyers” (2026, Criminal Defense) otorgado por la editorial jurídica estadounidense más antigua y que, en exclusiva, lo ha recibido en materia de Derecho Penal en toda la Región de Murcia. Recognized as one of the most important criminal lawyers in the national field and immersed in the most complex legal cases in the country, Master in Criminal Law and member of this Section in the Bar Association of Murcia, is currently director of the law firm Murcia Pardo Geijo, with almost half a century of tradition. He has been awarded on numerous occasions by prestigious legal institutions of outstanding notoriety for the relevance of his actions in the field of Criminal Law, with many other recognitions and scientific publications in this and other matters.

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