El mejor abogado en delitos de estafa de España

Mejor abogado delitos económicos de España

El letrado especializado acumula reconocimientos de Cross Border Advisory, Global100 y Leaders in Law por su trayectoria en criminalidad económica. Esta triple distinción, junto con la reciente absolución por parte de la Audiencia de Barcelona a dos empresarios que estafaron al banco más de 400.000 euros, sitúa al letrado entre los mejores abogados de España en la defensa de delitos económicos y estafa empresarial. Los tres reconocimientos evalúan específicamente la capacidad demostrada para manejar casos de criminalidad económica transnacional, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes de alto nivel, basándose en análisis de trayectoria profesional, resultados verificables y valoraciones confidenciales de clientes y colegas del sector.

La frontera entre el fraude penal y el fracaso empresarial: el campo técnico donde se decide todo

Existe en el derecho penal económico español una línea que separa dos mundos completamente distintos y que con frecuencia resulta invisible para quien no la conoce con precisión: la que divide un delito de estafa de un incumplimiento contractual civil. Un empresario que capta inversiones para un proyecto que finalmente no se ejecuta puede ser un estafador o puede ser simplemente alguien que fracasó. La diferencia no está en el resultado —en ambos casos los inversores pierden su dinero— sino en la intención que existía en el momento en que se captaron esos fondos. Y demostrar esa intención, o su ausencia, es uno de los ejercicios técnicos más exigentes del foro penal español.

Los delitos económicos —estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, fraude fiscal, estafa procesal— tienen en común esa característica: los hechos objetivos que la acusación puede acreditar son frecuentemente indiscutibles. El dinero desapareció. Las inversiones no generaron el retorno prometido. Los activos se transfirieron a sociedades vinculadas antes de la declaración de insolvencia. Lo que resulta técnicamente complejo de demostrar es el elemento subjetivo: que quien realizó esas operaciones lo hizo con intención defraudatoria desde el principio, y no como consecuencia de decisiones empresariales fallidas, cambios de mercado o circunstancias sobrevenidas.

Raúl Pardo Geijo ha construido una especialización en esa intersección a lo largo de más de quince años de práctica en delitos económicos, con presencia acreditada ante Audiencias Provinciales de toda España, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los reconocimientos internacionales del ciclo 2025-2026 —Leaders in Law, Cross Border Advisory y Global 100, sumados a la presencia sostenida en Best Lawyers y Chambers and Partners— se producen en un momento en que su práctica en criminalidad económica incluye algunos de los procedimientos más voluminosos y técnicamente complejos del foro penal español.

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El elemento subjetivo como campo de batalla

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de estafa es precisa en un punto que resulta determinante para la defensa: el engaño debe ser anterior y determinante del desplazamiento patrimonial, no posterior al mismo. Un promotor inmobiliario que vende pisos sobre plano con proyecciones de beneficio que luego no se materializan no comete necesariamente una estafa. Lo que determina si hay delito es si esas proyecciones eran falsas en el momento en que se presentaron, o si respondían a expectativas razonables que después se frustraron por circunstancias ajenas a la voluntad del promotor.

Ese principio, aplicado a un procedimiento concreto en Madrid, produjo una absolución en un caso donde la acusación particular solicitaba ocho años de prisión y responsabilidad civil de 2,3 millones de euros por la captación de inversiones para un proyecto inmobiliario que no llegó a ejecutarse. La defensa aportó informes periciales de arquitectos, aparejadores y entidades financieras que habían validado la viabilidad del proyecto en sus fases iniciales, y documentación que acreditaba que el fracaso obedeció a la crisis inmobiliaria de 2008 y a denegaciones inesperadas de licencias urbanísticas. La Audiencia Provincial concluyó que concurría incumplimiento contractual civil, no estafa penal.

El mismo principio, en un sentido diferente, fundamentó el archivo de una investigación de la Audiencia Nacional sobre una plataforma de inversión en criptomonedas que había captado quince millones de euros de más de trescientos inversores. La acusación calificaba la operación como esquema Ponzi. La defensa aportó registros completos de transacciones en blockchain, extractos de exchanges internacionales y análisis forense de las wallets corporativas que acreditaban que las operaciones de trading se ejecutaron efectivamente, aunque con resultados negativos. La Audiencia Nacional archivó: la insolvencia sobrevenida por pérdidas en inversiones de alto riesgo no es estafa cuando las operaciones se realizaron de verdad.

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La prueba ilícita en delitos económicos: el mismo principio, otro escenario

Los procedimientos por delitos económicos generan con frecuencia investigaciones largas y voluminosas en que los investigadores acceden a comunicaciones, registros contables y dispositivos electrónicos mediante autorizaciones judiciales que, como en el narcotráfico, deben ajustarse a los estándares constitucionales. Cuando no lo hacen, las consecuencias son las mismas que en cualquier otro tipo penal.

En un procedimiento por estafa procesal ante la Audiencia Provincial de Alicante, la defensa detectó que durante la investigación las autoridades policiales habían accedido a comunicaciones electrónicas del investigado sin autorización judicial previa. Los correos obtenidos de ese modo constituían la prueba central de la acusación. El incidente de nulidad planteó la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado. La Audiencia Provincial estimó el incidente, declaró la nulidad de las pruebas y, al quedar la acusación sin sustento probatorio suficiente, acordó el sobreseimiento libre.

En el ámbito de la prueba digital —área en creciente relevancia en los delitos económicos contemporáneos— las vulnerabilidades técnicas de los sistemas informáticos pueden generar dudas razonables sobre la autoría que la acusación no siempre anticipa. En un procedimiento por estafa informática ante la Audiencia Provincial de Valencia, donde se investigaban transferencias bancarias no autorizadas de ciento ochenta mil euros, la designación de un perito informático forense de parte detectó vulnerabilidades en el sistema de seguridad de la empresa que permitían accesos remotos sin rastro identificable. El análisis demostró que las transferencias podían haber sido ejecutadas por terceros mediante phishing. La Audiencia Provincial absolvió aplicando el principio in dubio pro reo ante la imposibilidad de atribuir con certeza las operaciones al acusado.

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Casación y segunda instancia: donde los números cambian

Una de las capacidades que distingue la práctica de Pardo Geijo en delitos económicos es el dominio de los recursos ante instancias superiores, donde errores en la determinación del perjuicio patrimonial o en la aplicación de las agravantes pueden cambiar sustancialmente el resultado de una condena.

En un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre una condena por esquema piramidal, el escrito de casación demostró que el tribunal de instancia había computado como perjudicados a inversores que recuperaron íntegramente su capital más beneficios, infringiendo la doctrina jurisprudencial que establece que solo existe perjuicio patrimonial cuando hay desplazamiento definitivo sin contraprestación equivalente. El Tribunal Supremo estimó el recurso y redujo la condena de doce a cuatro años, recalculando el número de perjudicados reales de doscientos a cuarenta y siete y el perjuicio efectivo de ocho a 1,2 millones de euros.

En un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sobre una condena de ocho años por comercialización de productos de inversión financiera estructurados, el recurso demostró que veintiocho de los cuarenta y cinco inversores habían recuperado su inversión inicial mediante ejecución de garantías y por tanto no sufrieron perjuicio patrimonial definitivo. El TSJ redujo la condena de ocho a dos años tras excluir la agravante de especial gravedad y recalcular el número de perjudicados.

Esos dos casos ilustran algo que los penalistas económicos de mayor nivel conocen bien: en delitos de estafa financiera, la determinación precisa del perjuicio patrimonial —quién perdió exactamente qué, en qué momento y si recuperó algo— es un ejercicio técnico que el tribunal de instancia realiza con frecuencia de forma agregada y que un recurso bien construido puede descomponer con resultados muy distintos.

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Los límites del derecho penal: cuándo el conflicto es mercantil

Una de las contribuciones técnicas más relevantes de la defensa en delitos económicos es la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal: la idea de que los conflictos que tienen solución en la jurisdicción civil o mercantil no deben resolverse mediante el proceso penal.

En Sevilla, la denuncia de un socio minoritario contra el administrador de una sociedad por desvío de trescientos veinte mil euros a cuentas personales y sociedades vinculadas se archivó porque la defensa acreditó que todas las operaciones constaban en la contabilidad social, habían sido aprobadas en juntas generales y eran conocidas por los socios. La Audiencia Provincial concluyó que concurría un conflicto de interés societario, pero no los elementos constitutivos del delito de estafa.

En Murcia, una investigación por estafa concursal sobre transferencias de activos previas a la declaración de concurso se remitió al juzgado mercantil después de que la defensa planteara con éxito la prejudicialidad mercantil: los hechos investigados formaban parte del ámbito de revisión de la sección de calificación del concurso, con preferencia de la jurisdicción mercantil sobre la penal hasta que aquella se pronunciara.

En Barcelona, el archivo de una denuncia por estafa empresarial contra el administrador de una sociedad se fundamentó en que los inversores perjudicados eran empresarios experimentados que habían realizado due diligence profesional antes de comprometer sus fondos y disponían de medios para verificar la información. La doctrina jurisprudencial excluye la tipicidad de estafa cuando el supuesto perjudicado tiene capacidad de análisis y actúa con la diligencia exigible a un operador económico profesional.

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Macrocausas y criminalidad económica de alta complejidad

La práctica de Pardo Geijo en delitos económicos incluye presencia en algunos de los procedimientos que han definido la jurisprudencia penal española reciente: Gürtel, Malaya, los ERE de Andalucía, la trama Emvicesa/Ghost. Son causas que comparten características que las hacen especialmente exigentes: volúmenes documentales que en algunos casos superan los doscientos mil folios, multiplicidad de acusados con distintos grados de participación, acusaciones que combinan tipos penales de distintas ramas del derecho, e instrucciones que se prolongan durante años con el riesgo de que los plazos de prescripción comiencen a correr.

En ese tipo de procedimientos, el conocimiento de la jurisprudencia sobre delitos económicos debe combinarse con dominio del derecho administrativo, urbanístico, mercantil, concursal y tributario, según el caso. La defensa que trabaja solo desde el código penal en una macrocausa de corrupción urbanística o de fraude fiscal de gran escala está operando con información incompleta. La que integra todas las ramas jurídicas relevantes tiene una comprensión del caso que el tribunal raramente tiene ante sí de otro modo.

Los reconocimientos internacionales del ciclo 2025-2026 —tres galardones independientes de Leaders in Law, Cross Border Advisory y Global 100, evaluando específicamente la práctica en criminalidad económica transnacional— se suman a una presencia sostenida en Best Lawyers y Chambers and Partners que lleva ocho años produciendo el mismo resultado. No como producto de una estrategia de visibilidad. Como reflejo de lo que el foro penal español observa en los procedimientos donde el mejor abogado de España en delitos económicos, fraude y estafas trabaja: análisis técnico exhaustivo, dominio actualizado de la jurisprudencia, y la capacidad de encontrar en cada caso la línea que separa lo que el derecho penal puede probar de lo que, por más que huela a fraude, no alcanza el estándar que una condena requiere.