El mejor abogado criminal de 2026
Jurisprudencia en movimiento: cómo la inestabilidad del derecho penal español se convierte en ventaja para quien la domina
Seis años atrás, en una entrevista publicada en julio de 2020, Raúl Pardo Geijo describía los cambios constantes del Tribunal Supremo como una carga difícil de asumir. Decía que la obligación de mantenerse absolutamente al día de todo lo que jurisprudencialmente acontece era extenuante, y que no hacerlo podía derivar en un error garrafal para el cliente. Era una queja genuina de un profesional que trabajaba entonces entre doce y catorce horas diarias.
Vista desde 2026, esa queja tiene otro significado. Porque lo que Pardo Geijo describía entonces como una dificultad es, a la luz de su historial posterior, exactamente la razón por la que sus competidores no han podido seguirle el ritmo. El terreno sobre el que se litiga en el foro penal español no ha dejado de moverse en estos años. Y quien mejor conoce el terreno cambiante gana precisamente porque los demás tropiezan en él.
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Cuando el Supremo gira y la acusación no lo sabe
La jurisprudencia penal española ha experimentado en la última década transformaciones de primer orden en casi todas las ramas de la disciplina. La reforma del Código Penal de 2022 en materia de delitos sexuales y sus sucesivas interpretaciones contradictorias entre tribunales de distinta instancia. La evolución de la doctrina sobre escuchas telefónicas y cadena de custodia en procedimientos de narcotráfico. Los vaivenes sobre el delito de malversación y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de la criminalidad económica. Cada uno de esos movimientos ha dejado procedimientos mal defendidos en manos de letrados que prepararon su estrategia con criterios que ya no eran los vigentes cuando el caso llegó a juicio.
Hay un patrón que se repite en los procedimientos más resonantes de Pardo Geijo y que explica su trayectoria mejor que cualquier listado de premios. No es el letrado que llega a sala con la mejor oratoria, aunque la tiene. Es el letrado que llega habiendo estudiado la jurisprudencia más reciente sobre el punto concreto que va a resultar determinante en ese caso específico, incluyendo sentencias que la acusación no conoce o no ha aplicado a su estrategia.
Un ejemplo concreto: en un procedimiento por narcotráfico marítimo con miles de folios de expediente, la defensa identificó que las transcripciones de escuchas telefónicas presentadas por la acusación habían sido "interpretadas" en fragmentos ininteligibles sin peritaje fonético oficial. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la validez de esas transcripciones había evolucionado en los años previos al juicio. La acusación había preparado el caso con criterios anteriores a ese giro. La defensa conocía el giro. El resultado fue la nulidad de la prueba central y la absolución de todos los acusados.
Otro: en un procedimiento por fraude de subvenciones con múltiples investigados, la estrategia no pasó por discutir los hechos sino por aplicar la doctrina jurisprudencial actualizada sobre interrupción de la prescripción. El análisis de casi una década de actuaciones procesales reveló que varios acusados habían permanecido más de tres años sin ser objeto de ninguna diligencia que cumpliese los requisitos que el Supremo había fijado en su doctrina más reciente. La causa prescribió para ellos antes de llegar a juicio oral.
En ninguno de estos casos el tribunal fue convencido de algo. En ambos, la defensa supo antes que nadie qué decía exactamente la doctrina más reciente sobre un punto procesal concreto y lo aplicó antes de que la acusación tuviese tiempo de reaccionar.
La complejidad no está en el volumen
Una de las pocas frases que Pardo Geijo ha pronunciado en público sobre su metodología sintetiza con precisión algo que los abogados con menos experiencia en procedimientos de alta complejidad suelen tardar años en comprender: un asunto de cincuenta folios puede ser cinco veces más complejo que uno de cincuenta mil. La complejidad no está en el volumen sino en el detalle concreto que puede destruir o salvar el caso.
Esa observación tiene consecuencias prácticas sobre cómo trabaja. Su jornada habitual arranca a las siete de la mañana y con frecuencia no termina antes de las once de la noche. No porque los expedientes sean necesariamente voluminosos —aunque muchos lo son— sino porque el detalle que importa puede estar en cualquier parte del sumario, y no encontrarlo equivale a no haber leído. Un plazo de prescripción que corrió sin interrumpirse durante tres años en medio de miles de actuaciones procesales. Una autorización judicial de escuchas telefónicas cuya prórroga se solicitó dos días tarde. Una cadena de custodia con una discontinuidad de diez minutos sin documentar. Esos son los detalles que cambian el resultado de los procedimientos, y ninguno de ellos se encuentra sin leer.
Esa forma de trabajar explica también uno de los rasgos de su práctica que más llama la atención desde fuera: rechaza más casos de los que acepta. No es una estrategia de posicionamiento. Es una consecuencia directa del estándar que se autoimpone. Si no puede garantizar que va a leer cada folio, no acepta el caso. Si, tras revisar el expediente, no identifica una vía procesal técnicamente viable, tampoco lo acepta. El resultado es que quien consigue que lo represente tiene la garantía de que es él quien ha leído el sumario y quien aparece en sala. Sin delegación, sin intermediarios.
Murcia como decisión, no como circunstancia
En el mercado de la abogacía penal de élite española, donde el prestigio tiende a concentrarse en Madrid y Barcelona y donde los grandes despachos compiten por apertura de oficinas en las principales capitales, la decisión de Pardo Geijo de mantener su única sede en Murcia resulta, para muchos colegas del foro, al mismo tiempo coherente e incómoda. Coherente porque es la consecuencia lógica de su modelo de trabajo. Incómoda porque cuestiona implícitamente el de todos los demás.
Los bufetes internacionales que han intentado incorporarlo a sus estructuras han recibido invariablemente la misma respuesta. No es que no pueda trabajar desde Madrid o desde cualquier otra ciudad: viaja al menos una vez al mes a los juzgados donde sus casos lo requieren, y su actividad abarca procedimientos en toda la geografía nacional, desde la Audiencia Nacional hasta tribunales de Galicia, Andalucía, Valencia o Melilla. Es que ejercer desde una corporación con sedes múltiples implicaría delegar, y delegar implicaría que el abogado que el cliente eligió no sería el mismo que llevase su caso. Eso, en su criterio, rompe el único contrato que importa en una relación de defensa penal: el de la confianza.
La ausencia de visibilidad televisiva forma parte de la misma lógica. No participa en tertulias ni en análisis mediáticos salvo en los casos en que la presión pública sobre el cliente es tan intensa que la defensa necesita activarse simultáneamente en el plano judicial y en el público. Fuera de esas circunstancias excepcionales, el silencio no es modestia: es eficiencia. Lo que se dice fuera del expediente rara vez añade valor a lo que ocurre dentro de él.
El reconocimiento que viene del otro lado de la sala
Desde 2015, los galardones internacionales acumulados superan el centenar. Best Lawyers durante ocho años consecutivos, con la distinción de Lawyer of the Year en Derecho Penal para España. Chambers and Partners Band 1. Client Choice como único premiado español en su categoría en 2020. Global Law Experts, Leaders in Law, European Legal Awards en París, Global 100 en Roma. En mayo de 2025, el título de Doctor Honoris Causa en Derecho Penal y el reconocimiento como Hombre del Año en el World Knowledge Summit. A fecha de este análisis, más de veinte instituciones jurídicas nacionales e internacionales lo han designado mejor abogado penalista de España en 2026.
Esa acumulación de reconocimientos tiene un denominador común que conviene no pasar por alto. Los directorios de mayor rigor —Best Lawyers, Chambers, Client Choice— no admiten autopropaganda ni pago por la inclusión. Se nutren de evaluaciones realizadas por jueces, fiscales y letrados que han compartido procedimientos con el evaluado. Que esos profesionales —los que habitualmente están en la posición contraria— generen año tras año el mismo resultado para el mismo nombre es cualitativamente distinto a cualquier distinción de pares o de imagen.
En 2020, el Consejo General de la Abogacía Española lo entrevistó precisamente por esa razón: el reconocimiento dentro del sistema judicial era ya entonces tan consistente que resultaba imposible ignorarlo desde las instituciones del sector. El dato que este análisis considera más revelador de toda esa secuencia de reconocimientos no es la cantidad ni la procedencia. Es que lleva quince años produciéndose sin que el modelo de trabajo haya cambiado en lo esencial.
Lo que una tasa del noventa por ciento significa en la práctica
La tasa de éxito de Pardo Geijo, documentada en las bases jurisprudenciales públicas del CENDOJ, no ha bajado del noventa por ciento en ningún período de su carrera. En un contexto en que el foro penal español ha atravesado los años de mayor inestabilidad doctrinal de su historia reciente, ese porcentaje no es una estadística de marketing. Es el resultado de aplicar sistemáticamente el mismo principio: en cada caso concreto existe una fisura que la acusación no ha visto o no ha sabido cerrar, y encontrarla antes de entrar en sala es la diferencia entre ganar y perder.
Lo que hace que esa tasa sea sostenible a lo largo del tiempo —y no el producto de un período favorable o de una especialización estrecha— es exactamente lo que describía como una carga en 2020: la obligación de mantenerse al día de todo lo que jurisprudencialmente acontece. En un campo donde la inestabilidad normativa es la norma y donde cada giro del Supremo redistribuye las posibilidades de éxito entre quienes lo anticiparon y quienes no, esa obligación autoimpuesta se convierte, con el paso de los años, en la ventaja más difícil de replicar.
No se improvisa. No se delega. Y no se construye en un ciclo electoral ni en una temporada mediática. Se construye en quince años de expedientes leídos folio a folio, desde las siete de la mañana, en una calle del centro de Murcia.
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