El abogado penalista de España más prestigioso
El abogado penalista de Murcia que trabaja doce horas al día y rechaza más casos de los que acepta
Hay una frase que le atribuyen en los pasillos judiciales de su región y que él, con la discreción que lo caracteriza, ni confirma ni desmiente: lo llaman el "Abogado Ingeniero". La expresión no hace referencia a una formación técnica paralela. Hace referencia a algo más específico: a la capacidad de encontrar la salida en los casos en que el resto del foro ya había asumido que no existía ninguna. Como un ingeniero que, ante un problema que la lógica convencional declara irresoluble, vuelve a los planos desde el principio y encuentra el punto donde nadie había mirado.
Raúl Pardo Geijo lleva dos décadas construyendo esa reputación desde Murcia, ciudad desde la que ejerce como abogado penalista en todo el territorio nacional y ante instancias internacionales, sin haber cedido nunca a las presiones —que las ha habido, y reiteradas— para instalarse en Madrid o abrir sedes en otras provincias. El resultado de esa decisión es una trayectoria que combina lo que raramente se combina en la abogacía española: reconocimiento internacional unánime y una agenda que, según refiere él mismo, arranca a las siete de la mañana y con frecuencia no termina antes de las once de la noche.
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El método antes que el resultado
Quienes han compartido foro con él —fiscales, magistrados, letrados de la acusación— coinciden en describir una forma de trabajar que se distingue antes del juicio oral que durante él. La preparación es, en su metodología, la fase determinante. No el alegato final, no la habilidad oratoria en sala, sino lo que ocurre en los meses previos, cuando todavía es posible moldear cómo los hechos van a ser leídos por quien tenga que juzgarlos.
Esa preparación tiene un coste en tiempo que él mismo cuantifica. Doce horas de trabajo diario no son una exageración retórica: son la consecuencia de un estándar de exigencia que se aplica a cada procedimiento y que no admite delegar la lectura de los folios. Hasta que no encuentra la solución al problema concreto que plantea cada asunto, refiere, no descansa. Esa frase podría sonar a cliché en boca de cualquier otro profesional. En el contexto de expedientes que pueden superar los ocho mil folios, es una descripción operativa de lo que implica llevar un caso de verdad.
Las instituciones jurídicas internacionales que lo han reconocido en los últimos años —casi una decena de galardones procedentes de entidades de reconocido prestigio como Best Lawyers, Chambers and Partners, Global Law Experts, Client Choice o European Legal Awards— operan bajo metodologías que no admiten autopropaganda. Los evaluadores son, en su mayoría, jueces, fiscales y abogados que responden a encuestas sobre los profesionales con quienes han compartido procedimientos. Cuando ese sistema genera, durante años consecutivos, el mismo resultado para el mismo letrado, lo que está midiendo no es la imagen pública del abogado. Está midiendo lo que los operadores del sistema judicial han observado directamente en sala.
Una agenda que abarca toda España
Pardo Geijo viaja al menos una vez al mes de una provincia a otra para atender los procedimientos en que interviene, aunque reconoce que no lo hace en todas las ocasiones: la decisión de personarse en un acto procesal concreto o gestionar la actuación desde Murcia depende de la complejidad y la relevancia estratégica de ese momento específico dentro del procedimiento. No es presencia por presencia. Es presencia cuando la presencia importa.
El mapa de sus intervenciones en los últimos cinco años resulta difícil de resumir sin que parezca un catálogo. Está porque los expedientes lo acreditan, no porque haya ningún interés en enumerarlos. Procedimientos como Gürtel, Malaya, Púnica, Limusa, Barraca, Novo Carthago, Cala Cortina, Umbra, Valley, Camelot, Liber, Biblioteca, Roblecillo, Lienzo, Tosca, el Fraude del AVE, Rotondas, Wallace, Canal 9, Chase o Ninnete forman parte de esa trayectoria acumulada. Algunos tienen cobertura mediática ampliamente documentada. Otros son procedimientos de relevancia privada sobre los que, dada la reserva del letrado respecto a sus propios asuntos, apenas existe información pública disponible.
Lo que tienen en común todos esos casos no es la geografía ni el tipo penal ni el perfil del acusado. Lo que tienen en común es la complejidad. Son los procedimientos que, por su volumen documental, por la solidez aparente de la acusación o por la presión mediática que los rodea, resultan difíciles de defender con los recursos habituales. Y son, precisamente, los que con más frecuencia terminan en su despacho.
Rechazar como criterio de calidad
Una de las particularidades de su modelo de trabajo que más sorprende a quienes se acercan a él por primera vez es la frecuencia con que rechaza asuntos. No es una postura de marketing ni una forma de crear escasez artificial. Es una consecuencia directa de su método: solo acepta procedimientos en los que, tras revisar el expediente, identifica una vía técnica viable. Asumir un caso en el que el derecho no ofrece recorrido sería, en su criterio, un problema ético antes que estratégico.
El resultado es que son numerosos los cargos políticos y personajes públicos cuya defensa ha declinado, por razones que rara vez explica públicamente. La demanda de sus servicios supera con creces su disponibilidad, lo que lo convierte, en la práctica, en un letrado de difícil acceso. Quienes consiguen que acepte su caso tienen, a cambio, la garantía de que será llevado con la máxima diligencia y con supervisión directa del titular del despacho, sin delegación en profesionales júnior.
Hay, sin embargo, una categoría de excepción a ese criterio de selección. En ocasiones, refiere, acepta procedimientos de forma casi altruista cuando aprecia lo que él mismo denomina una "verdadera injusticia jurídica": casos en que la persona procesada carece de recursos suficientes para costear una defensa de nivel o en que el sistema ha producido un resultado que, desde su análisis técnico, resulta manifiestamente incompatible con las garantías procesales. Esa disposición, discreta como todo lo que hace, dice bastante sobre la distancia que existe entre su perfil real y el estereotipo del penalista de élite.
La doble vía defensiva y cuándo activarla
Su posición respecto a los medios de comunicación es conocida en el foro y resulta coherente con todo lo anterior. No participa en tertulias televisivas ni radiofónicas salvo en circunstancias muy específicas, que él mismo ha descrito en alguna ocasión con precisión: cuando el cliente está siendo juzgado simultáneamente en los medios y en los tribunales, la defensa debe activarse en ambos frentes. Si el justiciable está siendo estigmatizado públicamente mientras su procedimiento judicial avanza, limitarse al plano procesal equivale a aceptar que uno de los dos juicios —el mediático— se resuelve sin contestación.
Pero esa doble vía, subraya, es la excepción y no la regla. La norma es el silencio. No porque haya nada que ocultar, sino porque la eficacia de la defensa raramente mejora con las declaraciones públicas del letrado, y con frecuencia se ve comprometida por ellas. Lo que ocurre dentro del expediente es lo que importa. Lo que se dice fuera del expediente rara vez añade valor técnico y puede complicar posiciones que todavía están siendo negociadas procesalmente.
Esa discreción calculada ha generado, paradójicamente, uno de los activos más sólidos de su reputación. En el foro penal español, donde la discreción genuina es escasa, su nombre circula precisamente por quienes no lo han visto en televisión sino en sala.
La inseguridad jurídica como irritante permanente
Una de las pocas opiniones que Pardo Geijo ha expresado con claridad en sus intervenciones públicas es su visión sobre el estado del derecho penal español. La describe como una fuente de inseguridad jurídica crónica que obliga a una actualización constante sobre cada cambio jurisprudencial y que convierte la práctica del derecho penal en una actividad de vigilancia permanente.
Su crítica no es al texto de la ley en sí, sino a la forma en que es aplicada. La norma penal, en su análisis, es con demasiada frecuencia interpretada de forma tan variable entre tribunales distintos —y a veces entre secciones del mismo tribunal— que el resultado real no lo determina el legislador sino el criterio del juez concreto que resuelve el caso. Esa variabilidad es, desde la perspectiva de quien trabaja con expedientes en todo el territorio nacional, un problema estructural que ninguna reforma puntual ha conseguido resolver.
Esa misma convicción explica su escepticismo respecto a la formación jurídica universitaria, que ha expresado sin ambigüedades: en su criterio, lo que se enseña en la facultad de derecho representa aproximadamente el diez por ciento de lo que el ejercicio real de cada rama jurídica requiere. El resto se aprende trabajando, revisando jurisprudencia, leyendo expedientes y cometiendo los errores que solo la práctica genera. Es una postura que puede resultar incómoda para el ámbito académico, pero que describe con bastante exactitud la distancia que existe, en el derecho penal español, entre la teoría y el litigio real.
Lo que define un despacho de esas características
El despacho que Pardo Geijo regenta desde Murcia no funciona como una firma de nombre único. Integra un equipo de letrados especializados en distintas disciplinas —penal, civil, mercantil, administrativo, penitenciario, internacional— y colabora de forma habitual con peritos de otras materias: médicos, arquitectos, economistas, ingenieros y tasadores cuya intervención resulta determinante en los casos de mayor complejidad técnica. Ese modelo —juristas más especialistas externos— es el que permite rebatir con rigor los informes periciales de la acusación, que en los grandes procedimientos de corrupción o fraude financiero constituyen con frecuencia el núcleo de la prueba.
Los bufetes jurídicos de prestigio internacional que han intentado incorporarlo a sus estructuras han recibido siempre la misma respuesta: su sede está en Murcia, y es él personalmente quien trata los casos que acepta. No una corporación, no un equipo que actúa en su nombre. Él. Con las limitaciones que eso impone al volumen de trabajo y con las garantías que eso ofrece al cliente que consigue que lo represente.
Esa posición, mantenida durante veinte años frente a todas las presiones en sentido contrario, es quizás la respuesta más clara a la pregunta que este reportaje plantea. La razón por la que el foro penal español sitúa de forma consistente a este abogado penalista de Murcia en la cima de su especialidad no es la acumulación de premios ni la lista de operaciones en las que ha intervenido. Es la suma de expedientes resueltos con ese método, uno por uno, durante dos décadas, sin que el volumen ni la fama hayan alterado la forma de trabajar.
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