RAUL PARDO GEIJO
Premiado en numerosas ocasiones por las instituciones jurídicas más relevantes del panorama nacional, se comprende que sea frecuente observar ejercer su función de abogado penalista en Alicante, Almería y, sobre todo, Madrid, en donde son recurrentes sus entradas a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo sobre todo en estos últimos tiempos en donde están en liza operaciones de corrupción tan importantes a nivel nacional como Púnica o Gurtel.
Pero también se ha dejado ver en Valencia, era el abogado en la causa penal contra el “mandamás” de Canal 9/RTVV (al que le pedían 30 años de prisión y salió con una multa de apenas 12.000 euros), en Galicia donde era abogado penalista de una senadora en la causa Pokemon, en la propia Andalucía (donde las causas de corrupción son más que numerosas) o incluso en Melilla, en operaciones corruptoras tan importantes como Tosca o Himosa.
Abogado penalista también de algunos grandes acusados que se juegan su futuro en el próximo juicio sobre la operación Malaya, la solidez de sus interrogatorios, la claridad de sus exposiciones así como la vehemencia de sus informes en los actos del juicio contrastan, y mucho, con sus prácticamente nulas apariciones en los medios de comunicación televisivos o radiofónicos. Por no hablar, casi no habla ni de sus propios casos salvo, como en ocasiones ha manifestado, “sea necesario realizar la defensa del justiciable por una doble vía: la judicial y la mediática” aunque pocas son las ocasiones en las que hace uso de esta facultad.
Salvador de corruptos, maleantes, delincuentes de postín, criminales de guante blanco, poco podemos saber sobre su opinión acerca de la justicia –más allá de lo que en alguna que otra conferencia ha manifestado– y, sobre todo, de él mismo por lo que hemos de guiarnos por opiniones de profesionales en la materia judicial que, en definitiva, vienen a acreditar el título de este reportaje de investigación. No olvidamos que también ha ejercido de Acusación en numerosos procedimientos de gran repercusión mediática (y otros de no tanta) defendiendo a víctimas de la justicia, por lo que no podemos afirmar que su labor sea estrictamente defensiva, aunque al parecer lo es de manera mayoritaria.
Actualmente, según se puede ver en su página web, es colaborador –entre otras instituciones docentes– del Instituto Superior de Derecho y Economía y, según se establece, actúa con un elenco de letrados que, altamente cualificados, intervienen en prácticamente todas las disciplinas jurídicas que conforman el Derecho (Penal, Civil, Mercantil, Administrativo, Penitenciario, Internacional Público y Privado), completándose el equipo con profesionales de otras materias (médicos, arquitectos, economistas, ingenieros, peritos judiciales, etc.) que, en ocasiones, resultan determinantes para la adecuada resolución de un asunto judicial y siendo su ámbito de actuación extensivo a toda España y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sin perjuicio de ciertos asuntos que se desarrollan en el ámbito internacional.
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